Ha sido en Hernani, población gipuzkoana gobernada por EH Bildu. La familia, con cuatro menores, lleva más de dos años en riesgo de ser desahuciada. El propietario de la vivienda argumenta para dejarles en la calle que el contrato de alquiler ha finalizado y quiere vender el piso.
El pasado año, Kaleratzeak Stop consiguió suspender el desahucio, al demostrar que la familia era vulnerable. Sin embargo, un juez anunció a principios de este año que se reiniciaría el proceso de desalojo. Al empezar a trabajar un miembro de la familia este mismo año ya no se les considera vulnerables y se les ha retirado temporalmente el amparo legal que les protegía.
La familia recibió una orden de desalojo, que fijaba una fecha para el desalojo: hoy, 17 de abril. El Ayuntamiento de Hernani (EH Bildu) y los servicios sociales están al tanto de la situación, pero, hasta el momento, no han ofrecido una alternativa habitacional para la familia.
Ante esta coyuntura Stop Desahucios y el Sindicato Socialista de Vivienda de Buruntzaldea habían convocado para esta mañana una movilización frente al portal de la vivienda que se iba a desalojar.
El desalojo estaba previsto para las 10:00 horas, pero ni la comisión judicial ni la policía han acudido. Ahora, por tanto, tendrán que fijar otra fecha de desalojo.
El Sindicato Socialista de la Vivienda de Euskal Herria ha subrayado que con este nuevo caso “se revela la farsa de las instituciones”, ya que “aunque dicen que han prohibido los desahucios, los siguen realizando”. Este mismo Sindicato ha recordado que, como denuncian con su estudio recientemente publicado, el 70% de los desahucios judiciales se llevan a cabo.
También ha dejado claro que no es cierto de que los desalojos sólo se producen cuando se garantiza una vivienda alternativa; este y otros muchos casos lo desmiente.
Otra cosa que ha señalado el Sindicato Socialista de Vivienda es que “los partidos políticos hacen campaña diciendo que la Ley de Vivienda bajará los precios de los alquileres”. Pero la cita ley es “una farsa”, ya que “no sólo bajaron los precios, sino que se fijaron las subidas y se protege a los propietarios”.
Por este y otros motivos, consideran esencial “establecer el control obrero sobre la vivienda”, lo que es imposible que suceda en el sistema capitalista.
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