Resuena el eco de las elecciones y todos los partidos quieren aprovechar cualquier resquicio para acumular votos a toda costa.
Sucesos como el desahucio de hoy [el 25 de mayo] de Erandio dejan en evidencia, que todos ellos comparten programa: la defensa a ultranza de la propiedad privada.
El ayuntamiento de Erandio, comenzó la legislatura con una atrevida promesa electoral: asegurar un pueblo libre de desahucios. Pero ha terminado la misma con 3 órdenes judiciales para el mismo día.
Mientras tanto, han pretendido limpiar sus sucias manos defendiendo haber puesto una alternativa sobre la mesa. ¿Qué ha pasado realmente? Sencillo: la “alternativa” ofrecida era completamente de miseria.
Mientras en Erandio se acumulan centenares de viviendas vacías en perfectas condiciones, cuando se trata del proletariado lo único que tienen a disposición son pisos repletos de humedades, moho, instalaciones eléctricas peligrosas…
Pero hay más: no son alternativas accesibles para todo el mundo. Muy al contrario, además de dificultar su acceso mediante trámites burocráticos, exigen igualmente una transacción económica: PAGAR por malvivir en cualquier sitio.
Los partidos del capital, todos ellos, culpabilizan a aquellas personas que, sea por cuestiones económicas, étnicas (situación irregular) o de otra índole, no recurren a sus alternativas de miseria.
El mensaje es compartido por todos; pero además, se agrava aún más cuando se pone en jaque la sacrosanta propiedad privada y el proletariado tiene que recurrir a la ocupación: “el desahucio es motivado por tratarse de un okupa, no una persona en vulnerabilidad” y sucedáneos, demuestran, que lo que de cara a fuera era una promesa electoral “anti-desahucios”, realmente, termina siendo un discurso de criminalización y odio anti-proletario.
Por otro lado, el ala izquierda del capital pretende erigirse como la fuerza electoral que “plantará cara al gran capital y pondrá límite al saqueo”, como unos gestores amables del capitalismo, una suerte de alternativa “popular”.
Pero lo que sistemáticamente esquivan es el límite estructural con el que chocan todas sus propuestas legales y sociales, aquél que le impone la defensa de la propiedad privada.
A día de hoy, el marco jurídico y político sobre el que actúan superpone de facto el derecho económico de los sectores rentistas y de los grandes capitales e inhabilita completamente al proletariado.
Ni la Ley de Vivienda ni el Escudo Social que, por cierto, finalizará el 30 de junio no tienen capacidad de cambiar esta situación: del lado de la propiedad, se acumulan recursos jurídicos especializados (grupos de abogados, procuradores…), plazos para presentar recursos mucho más laxos e infinidad de vías legales para expulsar a una persona de su vivienda.
Para el proletariado, la legalidad burguesa sólo ofrece justicia gratuita (si es que la dan), condenándole a la indefensión legal y al desconocimiento.
Su plazo de respuesta es mucho más limitado (5 o 10 días) y, en el mejor de los casos, una de sus pocas opciones para conseguir garantías mínimas es optar a la vulnerabilidad, cosa que generalmente le deniegan.
Por todo ello, no creemos que se pueda acabar con el negocio de la vivienda desde las instituciones.
La única alternativa es fortalecer la organización independiente del proletariado y crear amplios espacios de organización y lucha: por un lado, para expropiar a los grandes propietarios y poner las cientos de viviendas que acumulan al servicio de quienes más lo necesitan y, por otro, para poner fin a los desahucios sin alternativa habitacional y asegurar en cualquier caso unas condiciones de calidad.
- Cuando en Erandio existen cientos de viviendas vacías en buenas condiciones, esta es la alternativa que le ofrecieron desde el ayuntamiento a la persona desahuciada ayer en Erandio, que por supuesto no aceptó: un espacio en un edificio donde la insalubridad es manifiesta.
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