Lo que sucede en Iruñea con el Ayuntamiento es muy grave. Es un buen ejemplo del papel desactivador y conciliador del conflicto social que ejerce la socialdemocracia cuando está en puestos de administración y supone un retroceso enorme en los derechos políticos del proletariado (Colectivos sociales critican…).
El Ayuntamiento de Iruñea, gobernado por EH Bildu, enfrenta un gran problema: con cada vez más desahucios, con cifras récord de personas sin hogar… Frente a ello, un partido que se dice «progresista» y «transformador», podría unir fuerzas con los sectores más desfavorecidos podría agotar los recursos y presupuestos permitidos por la legalidad burguesa y al llegar a su límite, reconocer sinceramente que «eso es todo lo que da de sí» y que para superar problemas de índole estructural, se debe organizar a la clase trabajadora en contra de sus causas.
Podría hacer esto, pero hace exactamente lo contrario: como debe sostener su estructura asalariada se presenta como alternativa del orden establecido y acaba cumpliendo la función de ocultar las tendencias estructurales, al tiempo que las aplica: empobrecimiento y autoritarismo.
Como es el «Ayuntamiento del cambio» y es el partido que aprobó la «prohibición de los desahucios», oculta los desahucios que suceden bajo su administración y criminaliza a quien los señale.
El artículo que citaba al inicio es buena muestra de esto: desde el Ayuntamiento se ha tratado de impedir que sindicatos y colectivos sociales acompañaran a personas afectadas por el problema de la vivienda a Servicios Sociales (SS.SS). Recientemente, publicaron un comunicado trabajadoras de SS.SS.
Criticaban la actuación de los colectivos y la calificaban de «amenazas» y «violencia». Así, el Ayuntamiento trata de enemistar a los trabajadores sociales con quienes reclaman más recursos y evitar que sean éstos los que se enemisten con el Ayuntamiento por no ofrecer recursos.
La lógica es sumamente perversa, y de aceptarla, nos llevaríamos por delante años de lucha y conquistas:
1) Se asume que reclamar el acceso a condiciones de calidad es mayor violencia que vivir en la calle. Se criminaliza el derecho mismo a protestar.
2)Bajo «criterios de profesionalidad» se le presupone un carácter neutral al Estado, y una función mediadora neutral a los trabajadores sociales. Esto es tan absurdo como decir que un trabajador debería de ir a negociar su salario con el empresario solo, ya que éste velará por él
3) Se desplaza el conflicto: el enemigo es quien legítimamente protesta, y no quien reproduce una sociedad basada en la desigualdad.
De asumir esta visión estaríamos criminalizando la protesta y generando un marco de comprensión puramente clasista.
Pero a EH Bildu le da igual. Prefiere eso que reconocer que no son seres de luz que al tocar poder político lo cambian todo.
Otro ejemplo es el desahucio que tuvimos en Burlada hace unas semanas: sólo la organización y la protesta lo paralizaron.
Al ser preguntada la alcaldesa de Burlada sobre si había más desahucios, ella eludió la pregunta y dejó claro que hacen todo lo posible desde la administración y que se les deje trabajar sin injerencias externas. Hay docenas de desahucios al mes en Burlada, la inmensa mayoría suceden en silencio (sin injerencias, como a la alcaldesa le gusta). Y cuando el Sindicato interviene en uno, se para. Pues no será que, en efecto, organizarse sirve para algo y que las instituciones, sean del partido que sean, deben ser forzadas desde la calle siempre.
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