Esta mañana había previsto un desahucio en Burlata (Nafarroa). Ya estaba dada la orden judicial para que una mujer, víctima de violencia machista por parte de su propio marido, y sus tres hijos menores se quedaran en la calle.
La mujer vive el piso desde hace 12 años y paga el alquiler sin atrasos, pero el propietario, que es pariente del agresor, quiere desalojar el piso para venderlo. Como su exmarido no vive allí, a la mujer no le aplican la moratoria, porque no es aceptada como inquilina.
Lo que nos recuerda este y otros casos es la ineficacia de la moratoria que tanto alborozo causó entre quienes la prorrogaron (porque en realidad fue una prórroga, la moratoria ya existía con casi nulos efectos). Y es que el retraso en el desalojo no se aplica en el 70% de los casos, ni siquiera para familias en situación tan vulnerables como la de Burlata, cuyo Ayuntamiento no ha ofrecido una alternativa habitacional para ella.
Esta mañana, acudiendo al llamado del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, que es quien ha llevado este caso, alrededor de 200 personas se han concentrado junto al portal número 6 de la calle Basilio Armendáriz, Burlata (Nafarroa).
A pesar de lluvia caída, la resistencia de estas personas ha llevado a que la comitiva judicial haya dictaminado que no había condiciones para llevar a cabo el desalojo. Este ha sido aplazado. Como ha expresado el portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda, “queda claro que la organización es el único camino para conseguir lo que hemos conseguido hoy”.
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