Creo que al Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa) le vendría bien repasar algunos conceptos jurídicos básicos en el tema de la vivienda.
Es curioso cómo cuando se trata del proletariado inmigrante, estos conceptos se les olvidan rápidamente.
Aclaremos algunas cosas:
Primero, los hechos: varias personas sin hogar entraron hace más de un año a un edificio abandonado propiedad del Ayuntamiento. Todas las instituciones municipales tenían conocimiento de ello. Sin embargo, en los pasados carnavales desalojaron el edificio sin orden judicial.
El Sindicato acompañó a las personas desahuciadas a servicios sociales. Éstos no ofrecieron nada, por lo que en vez de quedarse en la calle, volvieron a entrar al edificio abandonado. Entonces empezó el ayuntamiento el procedimiento judicial. El Sindicato presentó una alegación dentro de este procedimiento, que denunciaba el desahucio ilegal recién ejecutado. Sin haber resuelto ninguno de estos procesos, el Ayuntamiento volvió a mandar a la policía la semana pasada. Echó a 2 personas, y encerró a otras dos en la casa, cerrando los accesos con candados.
Y ahora, nos vienen contando milongas que no hacen más que confirmar que se han saltado por la torera todos los procedimientos legales:
1) Dicen que el edificio no es para uso de vivienda: el edificio lleva vacío años, por lo que quién le da un uso es quién lo habita.
Cuando unas personas viven allí, lo convierten en su MORADA, independientemente del uso pasado que tuviera el edificio. Al mandar a la policía sin orden judicial se está cometiendo un ALLANAMIENTO DE MORADA, es decir, un desalojo ilegal.
2) Dicen que el edificio está en mal estado y que lo hicieron por la seguridad de los habitantes. Si así fuera existe lo que se llama «desalojo cautelar» una fórmula que ávidos abogados defensores de la propiedad privada aplican cada vez más para tener un «desalojo express».
3) Además, lo han hecho en el marco de un procedimiento judicial en marcha, en el que ya hay una alegación por una actuación similar. Sin notificar a ninguna de las partes y con la única garantía de «la palabra del alcalde» han ejecutado un desahucio. Que el Ayuntamiento sea el titular no le da ningún derecho a tomarse la «justicia» por su mano.
4) Para más inri, en este último desahucio han encerrado a dos personas en su hogar, cometiendo otro delito.
¡Y ojo! No es que seamos nosotros fieles defensores de la legalidad burguesa, es que debemos señalar la deriva autoritaria y la eliminación de los pocos derechos del proletariado (más aún en relación a la propiedad) que van de la mano del proceso de empobrecimiento. No sólo las empresas de desocupación actúan al margen de la ley, también las instituciones públicas, amparadas por la legitimidad social de la defensa de los bienes públicos (como si éstos fueran algo muy diferente a la propiedad privada) y amparadas por todos sus medios policiales, jurídicos, económicos… Lo más significativo es que la vulneración constante de derechos se da principalmente entre el proletariado inmigrante. Para el proletario racializado los derechos están suspendidos; todo vale.
Y sí, éste es un ayuntamiento de EH Bildu, y es especialmente grave (al ser el partido mayoritario de «izquierdas» legítima y normaliza estas prácticas entre sectores progresistas), pero ni mucho menos es una práctica aislada. EH Bildu simplemente gobierna de la misma manera, con los mismos mecanismos y mismos condicionantes con los que gobiernan el resto de partidos. Y los ejemplos son numerosos:
Desahucios ilegales, persecución policial, deportaciones… Todo ello obrado por instituciones públicas, amparadas por una opinión pública que ha sido bombardeada durante años con discursos securitarios.
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