Acabamos de empezar el curso y en menos de una semana hemos tenido dos desahucios: uno en Gasteiz y otro en Idiazabal.
Dos desahucios que, además, son buena muestra de la barbarie que nos viene…
En Gasteiz tres familias con 6 menores han sido desahuciadas sin previo aviso y sin ver ninguna orden judicial. En Idiazabal el hombre desahuciado ha acabado siendo hospitalizado. Todos ellos vivían de alquiler y todos ellos han sufrido un trato deleznable.
Etxegabetzea gauzatu da. Bizilagunek ez dute inolako abisurik jaso, ezta etxegabetze agindua ikusteko aukerarik izan.
Zerbitzu sozialetara etorri gara alternatiba exijitzeko. pic.twitter.com/a0emFpcZIb
— Kontseilu Sozialista Gasteiz (@Kontseilua_Gast) September 11, 2023
Podríamos sacar muchas conclusiones, pero quiero detenerme sobre esta: en este contexto de ofensiva capitalista en el que se prevé un aumento considerable de los impagos, y en consecuencia, de los desahucios, el Estado aparece más aún como un actor coercitivo/autoritario.
Las policías, las instituciones y los servicios sociales actúan con brutalidad, arbitrariedad y absoluta impunidad: allanan moradas sin orden judicial, no permiten que nadie se acerque a las personas desahuciadas (para recoger sus cosas, para calmarlas, para traducir el idioma o en general, para comprobar que sus derechos están siendo respetados), agreden y amenazan a inquilinos, familiares y militantes; utilizan el ariete sin miramientos, dejan que los propietarios hagan lo que quieran durante el proceso (intimidar a inquilinos, robar sus pertenencias), no dejan que nadie acompañe al desahuciado mientras está siendo atendido por la ambulancia por lesiones… y un largo etcétera. En general, la policía trata a las personas desahuciadas como delincuentes. Esto sería impensable hace unos años, pero ahora les es necesario.
Tras la crisis de 2008 y el ciclo de ejecuciones hipotecarias, los desahucios fueron un auténtico drama social; la noción general era la de miles de personas a las que les fueron arrebatados sus hogares. Se trataba, en su mayoría, de clases medias en proceso de proletarización.
Cuando la policía ejecutaba desahucios, le estaban quitando algo esencial a personas con las que podían empatizar. Ahora, en un contexto en el que la mayoría de desahucios son por impago de alquiler a propietarios principalmente pequeños/medianos, la noción tanto de la policía como de parte de la sociedad es que mediante el desahucio (y su actuación policial) se le está devolviendo legítimamente algo a su propietario. Así, convierten al inquilino vulnerable en delincuente, y a los desahucios, en operativos policiales contra okupaciones.
Pero lo más grave; desplazan el problema del acceso a la vivienda del proletariado hacia un problema de guerra entre los pobres y la clase media. Así, olvidamos el sinsentido de una sociedad en la que pudiendo proveer de hogar a todas las personas, se expulsan brutalmente a miles y nos condenan a un debate estéril sobre si alguien merece o no ser desahuciado o si merece alternativa habitacional. Este cambio es producto de dos circunstancias: por un lado, el Estado y los grandes capitales necesitan de un alto grado de cohesión social; es decir, necesitan de una ideología propietarista que no sólo no se solidarice con el proletariado, sino que lo condene. Y, por otro lado, se debe a la política socialdemócrata, principal impulsora de esta ideología de clase media. Ya no es negligencia, sino responsabilidad histórica que esta gente esté activamente fomentando la barbarie. Dicen rechazar los desahucios y cuando ocurren, todo son “peros”; todo desahucio es objeto de sus remilgos morales. Por eso, más que nunca toca reivindicar una vivienda universal; y toca por mejorar las condiciones políticas para la lucha.
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