Lo denunció ayer, viernes, mediante una comparecencia. Portavoces del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria denunciaron la acumulación de hasta 32.000 euros en sanciones económicas en un periodo inferior a un año debido a su actividad en defensa del acceso universal a la vivienda. Además, advirtieron de que esta cuantía total podría incrementarse de manera notable durante los próximos meses, dado que todavía constan varios procedimientos administrativos sancionadores pendientes de resolución.
Esta situación “responde a una estrategia represiva por parte del Estado que utiliza de forma sistemática la Ley Mordaza”, un marco legislativo que critican que formaciones políticas como el PSOE sigan aplicando pese a sus promesas previas de derogación. El objetivo de estas medidas no es otro, según explicó el Sindicato, que “reprimir la protesta social legítima de la clase trabajadora en un contexto de profunda crisis habitacional y encarecimiento del coste de la vida”.
El origen de las sanciones fueron pormenorizadas, vinculándolas directamente a tres escenarios concretos de movilización. Una parte sustancial de la cuantía procede de las acciones de resistencia organizadas frente a desahucios en Bizkaia. En este apartado, han recordado de manera específica el triple desahucio ejecutado el pasado mes de noviembre en Erandio, donde tres familias fueron expulsadas de sus hogares a causa de un préstamo fraudulento vinculado a una entidad prestamista relacionada con el Banco Santander, así como un caso de similares características en la localidad de Astrabudua que afectó a una mujer y a su hijo. Aquellas jornadas de protesta se saldaron con dos personas detenidas, una treintena de identificados por la Policía y miles de euros en sanciones penales y administrativas.
Igualmente importante es la cuantía provocada por una acción de protesta de diez minutos realizada en una sucursal de La Caixa, entidad con la que el sindicato mantiene un conflicto abierto desde hace año y medio en representación de cientos de inquilinos que denuncian cláusulas abusivas en sus contratos de arrendamiento. A este respecto, el Sindicato ha señalado el blindaje legal que reciben las corporaciones bancarias frente a actos pacíficos de reparto de octavillas, que en ese caso supusieron la identificación de más de veinte personas.
Otro episodio reciente de suma de multas sufridas por el Sindicato es la impuesta por el Ayuntamiento de Iruñea. La jota reivindicativa sancionada con 1.800 euros se cantó durante los Sanfermines de 2025, pero ha sido recientemente cuando se ha sabido el alcance de la sanción.
A todo eso se debe subrayar el veto político que el Sindicato Socialista de Vivienda y otras organizaciones del Movimiento Socialista sufren por parte de la Izquierda Abertzale en las Txosnas de Gasteiz y en otras ciudades y pueblos, que le impide, entre otras cosas autofinanciarse. De modo que, con el objetivo de hacer frente a los severos costes económicos de estos expedientes, el Sindicato Socialista de Vivienda ha anunciado la puesta en marcha inmediata de una campaña de solidaridad de clase y recaudación de fondos a nivel regional. Esta iniciativa contempla la venta de boletos para una rifa y la distribución de dos nuevos modelos de camisetas diseñados por artistas locales, además de la apertura de una cuenta corriente específica para canalizar transferencias y donaciones voluntarias de los ciudadanos.
