El día 14 del mes en curso fueron aprobados los cambios de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La aprobación contó con los votos favorables de los cinco diputados de EH Bildu (dijeron que votaron afirmativamente por error, pero todo indica que sabían lo que hacían). Esto sucedió en el circo de la “democracia plena” española, también conocida como Congreso.
La mencionada aprobación permite, entre otras cosas, desalojar en 48 horas viviendas y otros espacios ocupados.
Ante tamaño atropello, integrantes de los 56 Gaztetxes, espacios y colectivos de Euskal Herria se reunieron ayer, jueves, en Gasteiz (Araba). Aquí han denunciaron el cambio reaccionario de la ley y la criminalización de la ocupación, que consideran legítima.
Con la lectura de un comunicado expresaron que la modificación de la ley suprime el derecho a la vivienda (en realidad este ya estaba suprimido para un segmento muy importante de la sociedad), los derechos políticos, además de criminalizar a los trabajadores.
En relación al derecho a la vivienda se dijo que “si cada vez es más difícil pagar una casa y no hay otra alternativa”, el cambio de la ley merma aún mucho más dicho derecho. En relación a los derechos políticos, recordaron que no hay organización sin espacio, y que “las leyes contra la ocupación conllevan la pérdida de los gaztetxes, que han sido patrimonio político, social y cultural en Euskal Herria”. Por otro lado, en cuanto a la criminalización, se señalaron de que este tipo de medidas fomentan la “confianza en los políticos profesionales” con un “tono paternalista”.
Por ese motivo, aclararon: “No aceptamos esto”. Y añadieron: “En nuestra opinión, es legítimo que los trabajadores desalojados de la propiedad utilicen los espacios vacíos para actividades político-culturales, así como para vivienda”. Además, “toda medida que castiga la ocupación es una medida que castiga a los trabajadores”, dijeron, llamando a seguir trabajando “fuera de la farsa de las instituciones, a favor del derecho a la vivienda de los trabajadores y a favor de los derechos políticos”.
Del PNV, que fue el partido que presentó, la propuesta de cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, expresaron que “su actitud contra los colectivos que practican la ocupación es constante, directa o indirectamente. Esto se puede comprobar claramente a lo largo de la historia de los Gaztetxes”. Y “el canal parlamentario también lo demuestra, porque siempre ha estado detrás de las leyes dictadas contra la ocupación”. Al respecto mencionaron la ley de 1996, que por primera vez consideró la usurpación como delito, o la ley de 2018 contra la ocupación. Y es que el PNV “apoya el proyecto de la burguesía vasca, y no el de los trabajadores”.
También recordaron que la última ley antiocupación se ha aprobado “durante la legislatura del Gobierno más progresista de la historia”, y que EH Bildu, ERC y Junts, entre otros, votaron a favor de la misma, por lo que se les debe atribuir “responsabilidad y actitud colaborativa”. «Aunque las declaraciones de EH Bildu dicen que fue un error, sabemos que los errores que ocurren en el Congreso son errores negociados”.
Los cambios en esta ley ayudarán a que “los plazos de los juicios se reducirán drásticamente”, y esto “permitirá realizar los desalojos con mayor facilidad”. Y es que “cuando el juicio es más rápido, las pruebas y las oportunidades para la defensa se reducen y, en consecuencia, las pruebas consideradas en un juicio tienen menos peso”. “En otras otras palabras, quien tiene el dinero tiene razón”.
Está claro que las nuevas regulaciones las hacen “pensando con los pequeños propietarios”. La prioridad de los políticos institucionales (burgueses) es “hacer leyes para la clase media o la burguesía”, así como “vender esta gestión de la miseria como si fuera una legislación proobrera”.
Sin embrago, subrayaron que “la ocupación no desaparecerá mientras vivamos en una sociedad que crea miseria. De hecho, esa es una de las principales características de esta sociedad que, si bien crea riqueza, crea miseria”.
Para terminar la lectura del comunicado expresaron que “criminalizar la ocupación, endurecer la legislación antiocupación, aumentar los poderes policiales, desplegar más policías, fomentar los sistemas de seguridad, considerar a los colectivos basados en la solidaridad como grupos criminales, etc., es colocar a los pobres que sufren esta miseria como la causa de la miseria. Esto es condenar a la fuerza laboral a la miseria, y presentar a la propia fuerza laboral como su responsable”.
Estos son quienes hasta el momento se han adherido:
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