Resulta ya imposible llamar bolivariano y chavista al actual Gobierno de Venezuela, no al menos sin tener la certeza de que se miente al utilizar los mencionados calificativos. Desde el 3 de enero, día en el que Estados Unidos agredió militarmente a Venezuela, secuestrando al presidente, Nicolás Maduro, y su compañera, así como asesinando a más de cien personas, incluidos 32 cubanos, el Gobierno presidido por la encargada Delcy Rodríguez no ha hecho otra cosa que ir revirtiendo el contenido de no pocas leyes. Y lo han hecho en tiempo record.
Ayer asistimos al enésimo retroceso. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma para abrir el sector eléctrico a la inversión privada tras 15 años de control estatal. El proyecto legislativo (reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y del Servicio Eléctrico) fue aprobado por unanimidad de las fracciones políticas del Parlamento.
El diputado Orlando Miranda (PSUV/Lara) fue el encargado de justificar lo injustificable. Dijo que persigue mejorar la protección del sistema eléctrico, preservar los medios físicos y optimizar el servicio para la población.
Miranda expresó que la propuesta, compuesta por 42 artículos, “representa una estrategia que introduce un esquema de capital mixto y privado bajo un régimen riguroso de concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal de las operadoras”.
Quienes esto hacen con algo tan importante para el pueblo como el sector eléctrico, lo mismo pueden hacerlo con la sanidad, enseñanza…
Socialismo del siglo XXI, le llaman.
Noticia relacionada:
