El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) continúa dando pasos para atrás sin conseguir ninguno de sus históricos objetivos y, además, sin garantía alguna, por parte del gobierno turco, de que vaya a concederles algo.
Tras su anuncio de alto al fuego y posterior desarme, en estos días, dicho partido anunció que retiraba totalmente sus fuerzas del territorio turco hacia el norte de Irak, culminando un proceso iniciado en mayo con la renuncia formal a la lucha armada tras cuatro décadas de enfrentamientos. En una declaración desde las montañas de Qandil, los dirigentes kurdos afirmaron que su decisión busca “sentar las bases de una vida libre, democrática y fraternal”, e instaron al gobierno turco a aprobar leyes que permitan su integración política.
Este gobierno, presidido por Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado la decisión del PKK como una “victoria histórica para una Turquía sin terror”, se presenta en un contexto de tensiones políticas internas y de represión sostenida contra toda expresión de autonomía kurda.
Por su parte, el portavoz del AKP, Omer Celik, expresó que una comisión parlamentaria comenzará a estudiar el marco legal para la “normalización”. No obstante, nada dijo si esta “normalización” incluirá una amnistía o la liberación de Abdullah Öcalan, el histórico líder kurdo que lleva 26 años preso.
Desde los organismos internacionales se subraya que el PKK sigue en las listas de “organizaciones terroristas” de la UE y Estados Unidos, y que este realidad crea dificultades en la inserción efectiva en la política institucional de Turquía.
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