Las administraciones públicas dedican entre 7.700 a 8.300 millones de euros al año a los conciertos educativos, lo que representa en torno al 11% o 12% del gasto público total en educación en España. La subvención pública cubre principalmente los salarios del profesorado y los costes directos de la enseñanza reglada aprobados en el concierto. Esto es, un profesorado que no es nombrado por el Estado, sino por la dirección (en muchos casos religiosa) de cada centro educativo concertado, pero que es pagado con dinero público.
El sistema de la educación concertada en España fue creado e impulsado por el Gobierno de Felipe González a través de la Ley Orgánica 8/1985 (LODE), cuyo ministro de Educación y Ciencia responsable de la normativa y su rúbrica en nombre del gabinete fue José María Maravall
