Zohra y su familia, residentes en Madrid desde hace 10 años, enfrentan su tercer intento de desahucio a pesar de su situación de vulnerabilidad. Su casero, dueño de hasta 26 viviendas más, ha descuidado la propiedad, causando problemas de salud y seguridad.
El juez ha rechazado detener la expulsión, ignorando el decreto que protege a familias vulnerables. El Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones intentan frenar una vez más el desalojo. Un nuevo ejemplo del acoso inmobiliario, de las deficiencias en la protección contra desahucios y de la necesidad de organización popular como el único escudo social efectivo.
