El Tribunal Supremo ha elevado este martes al Congreso de los Diputados el suplicatorio para suspender la inmunidad del diputado de Sumar y de los comuns Félix Alonso. El magistrado instructor de la sala penal Vicente Magro considera que hay suficientes indicios que sitúan al parlamentario como responsable de un delito de prevaricación por las adjudicaciones de contratos menores a distintas empresas hechas cuando era alcalde de Altafulla. Según Magro, se produjo un «uso indebido de la figura del contrato menor para satisfacer necesidades recurrentes de la corporación municipal contrario a la normativa de contratación pública». Y añade que «existió una absoluta falta de procedimiento, de presupuesto; con la voluntad del investigado de introducir empresas con vinculación política».
