En el informe, publicado ya en la página web de la Federación (www.sosracismo.eu), se recogen 528 incidentes racistas en el Estado. Según los datos recogidos, la mayor parte de las situaciones atendidas se sitúan en el ámbito del racismo institucional, donde se han documentado 136 casos, una cifra que camina en paralelo a las 121 incidencias vinculadas con la denegación de acceso a distintos servicios públicos. En segundo lugar se han documentado 76 incidentes relacionados con conflictos y agresiones de carácter racista, mientras que en tercer lugar se han registrado 75 casos de racismo policial, continuando con 56 situaciones de denegación de acceso a servicios privados, y 37 casos en el ámbito de la discriminación laboral.
El informe, pone de manifiesto que el principal agente discriminador sigue siendo las entidades públicas, implicada en el 70 % de los casos reportados, lo que equivale a 370 denuncias. Este dato resulta especialmente significativo en el marco de la nueva Estrategia de la UE contra el Racismo 2026-2030 en la que se señala como elemento prioritario la lucha contra el racismo estructural. En segundo lugar, se sitúa la discriminación ejercida por particulares, con 91 incidentes registrados, mientras que en tercer lugar, las entidades privadas acumulan 50 denuncias, un volumen que pone de manifiesto las discriminaciones estructurales que persisten en el ámbito empresarial.
“X. ha sufrido constantes episodios de insultos por parte de tres compañeras del curso de XXXX a que está cursando en XXX. Dos de las jóvenes son autóctonas y, la tercera es de origen marroquí. Desde el comienzo del curso, X. es objeto de sus burlas y se meten con ella con cualquier excusa: Le reprochan en voz alta lo mal que ha realizado alguna de las prácticas, le llaman “Salam alaikum” en vez de utilizar su nombre, le insultan llamándole “hija de puta, le gritan, le dejan en evidencia ante la clase burlándose de ella, etc. Todo ello de forma habitual ante la inacción y, según dice Z., incluso la complicidad de la profesora, que en ningún momento interviene para defenderla sino que le reprocha igualmente y da la razón a las agresoras.
X. llevaba hiyab pero terminó por quitárselo porque pensaba que así podía lograr que no se metieran con ella. Fruto de la situación de acoso continuado tras otro episodio en el que las acosadoras le ponen en ridículo, sufre una importante crisis de ansiedad tras la que le lleven a urgencias. El día XXXX pone una denuncia contra las tres compañeras de clase. X. vuelve a clase y continúa la situación de acoso y, el día XXX , la madre de una de las alumnas denunciadas le está esperando a la entrada de clase. Le pregunta por su nombre y, tras confirmar que es X., le agrede golpeándole en la cara a la vez que le insulta. Las profesoras del curso que presencian el hecho, en vez de defenderlo, le culpan X. de haber provocado la situación con la denuncia. Tras la agresión llama a la policía que se persona y le dice que debe presentar la denuncia en comisaría. Ese mismo día X. intenta suicidarse y un amigo le lleva a urgencias donde quedó ingresada hasta que le dan el alta médica.”
Para Elena Stati, autora de este informe “este informe muestra que el racismo no es una cuestión puntual o relacionada únicamente con episodios violentos como los sucedidos en torre Pacheco el pasado año -hecho al que dedicamos un artículo de análisis en el informe-, sino que analizando la serie histórica vemos como año tras año los datos que recogemos nos ofrecen una realidad constante que va creciendo desde que comenzamos con nuestros informes en 1995 y que a día de hoy no hemos tomado las medidas necesarias para que esta situación mejore”. Para la autora de este informe, “merece la pena pararse a reflexionar sobre lo sucedido en Torre Pacheco en 2025, así como lo sucedido en el Ejido en el año 2000 ya que son los síntomas de una enfermedad que llevamos años denunciando y que ver con lo que sucede en nuestros barrios, pueblos y ciudades y que a menudo pasan desapercibidos en el día a día de los titulares de los medios de comunicación. Por último ha señalado que “si analizamos quiénes son los agentes discriminadores, podemos sacar conclusiones de cómo afecta quién discrimina a la población racializada de nuestro país. Si las personas se sientes desprotegidas por las instituciones, el vecindario o compañeras y compañeros de trabajo, ello tiene efectos directos sobre los que deberíamos tomar medidas”.
En el barrio San Francisco, la persona usuaria fue objeto de una intervención policial mientras se encontraba junto a otras personas en las inmediaciones de su vehículo. Según su relato, alrededor de diez agentes se aproximaron de manera simultánea, generando un escenario de intimidación y control desproporcionado. Durante la actuación, los agentes cuestionaron reiteradamente el valor del coche y la legitimidad de su propiedad, una práctica que la persona afectada interpreta como vinculada a prejuicios raciales y a la presunción de irregularidad asociada a su perfil.
Como novedad en este informe 2025, se ha retomado la incorporación de artículos de análisis que contextualicen las cifras que se muestran en el informe. En palabras de Stati, “en este informe hemos tratado de contextualizar los datos a través de dos artículos que muestran dos realidades que aunque suelen aparecer en los medios de comunicación, no suelen tratase con un mínimo de profundidad. Por ese motivo, y aprovechando nuestra participación como “en este informe hemos tratado de contextualizar los datos a través de dos artículos que muestran dos realidades que aunque suelen aparecer en los medios de comunicación, no suelen tratase con un mínimo de profundidad. Por ese motivo, y además del análisis de lo sucedido en El Ejido y Torre Pacheco, aprovechando nuestra participación como “monitoring reporter” dentro del proceso de monitorización del discurso del odio en el contexto de la Digital Services Act, hemos tratado de responder a cuál es el papel real de las Redes sociales en el control del discurso del odio, llegando a conclusiones sobre las que deberíamos pensar con detenimiento”.
El informe incorpora un decálogo de propuestas orientadas a reforzar las políticas públicas frente al racismo y la discriminación. Entre las principales medidas, se destaca la necesidad de reconocer el carácter estructural e institucional del racismo y la responsabilidad de los poderes públicos en su reproducción, así como de avanzar hacia enfoques antirracistas que promuevan la participación, el empoderamiento comunitario y la formación crítica.
En conjunto, los datos y propuestas recogidos en este informe subrayan la necesidad de situar la lucha contra el racismo en el centro de la agenda pública, mediante respuestas integrales, sostenidas y basadas en derechos. Solo a través del compromiso institucional, la participación social y el reconocimiento pleno de la diversidad será posible avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de discriminación.
