Fallecido el 23 de septiembre de 1973, luego del golpe de Estado perpetrado contra Salvador Allende por Augusto Pinochet en contubernio con el gobierno de los Estados Unidos, el caso de la muerte del poeta y militante comunista podría ser esclarecido más de medio siglo después.
La versión oficial de la dictadura (1973-1990) atribuye la muerte de Neruda al cáncer de próstata que padecía. Sin embargo, familiares y amigos sostienen la hipótesis de que fue asesinado por órdenes de Pinochet.
Cabe recordar que en 2012 el chofer y ayudante del poeta, Manuel Araya, denunció su posible envenenamiento y a partir de ahí se realizaron varias investigaciones, una de las cuales arrojó la presencia en sus restos y en un molar de la sustancia tóxica Clostridium botulinum.
Se ha podido saber que esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reabrir el proceso después que en septiembre pasado la ministra en visita de la causa de derechos humanos, Paola Plaza, diera por cerrado el sumario, sin tomar en cuenta algunas diligencias solicitadas por los querellantes.
Así la justicia determinó realizar un nuevo peritaje caligráfico al certificado de defunción y revisar e interpretar los resultados de las pericias realizadas por los expertos de las Universidades de McMaster y Copenhague.
Según se ha podido saber, se citará a prestar declaración judicial al director del proyecto de Documentación de Chile, Peter Kornbluh, y al médico Eduardo Arriagada Rehren, exjefe de Sanidad del Ejército, quien fue condenado en 2017 a 20 años de presidio por el homicidio calificado de dos reos en 1981.
La abogada de la familia de Pablo Neruda, Elizabeth Flores, ha expresado que la decisión de reabrir el caso constituye una buena noticia para la búsqueda de la verdad y el respeto a los derechos humanos, que han sido y continúan siendo violentados permanentemente en el mundo. Flores ha sido así de explícita: “No era posible poner una lápida a la investigación que hemos llevado durante 13 años”.
Por su parte, el abogado y sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes, valoró de manera positiva que ahora se permitan considerar diligencias ya realizadas como el peritaje de laboratorios internacionales de Canadá y Dinamarca. Y añadió, tras exteriorizar su esperanza de que con la reapertura del caso se puedan esclarecer las circunstancias de la muerte de su tío: “La vida de Pablo Neruda es la misma de cualquier detenido desaparecido. Es el Estado el que debe responder por los derechos humanos”.