De la UCO a Acciona: una trayectoria entre sombras y privilegios
Daniel Sánchez Corbí no es un nombre cualquiera en los anales del poder policial español. Coronel retirado de la Guardia Civil, fue durante años jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano de élite encargado de investigar la corrupción, el crimen organizado y otros delitos de alto perfil. Y, como ocurre a menudo en las mejores tramas de intriga institucional, su historia no termina cuando cuelga el uniforme. Al contrario: ahí es donde empieza la parte más jugosa.
En 2021, tras 35 años de carrera en la Benemérita, Sánchez Corbí fue fichado por la constructora Acciona, una de las grandes beneficiadas de la obra pública en España. La misma empresa que durante años ha estado bajo el radar de sospechas mediáticas por su relación con contratos públicos, sin que la UCO —curiosamente— haya llegado a practicar registros o investigaciones visibles contra ella.
¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez no. Porque en los pasillos donde se cruzan los favores con los silencios, las casualidades suelen tener nombre y apellidos.
Una condena que no ensombreció su ascenso
Uno de los episodios más turbios del coronel se remonta a 1997, cuando fue condenado por el Tribunal Supremo por torturas a un detenido —presuntamente de ETA— en una operación policial. La sentencia implicaba penas de prisión e inhabilitación, aunque finalmente fue indultado parcialmente por el Gobierno de José María Aznar en 1999. El castigo fue más simbólico que efectivo: Corbí pudo continuar su carrera y acabar dirigiendo una de las unidades más sensibles del Estado.
Mientras tanto, España aprendía a convivir con el oxímoron inquietante de un Estado de Derecho que indulta a torturadores y premia con puestos de lujo a quienes deberían haber caído en el olvido institucional.
¿Un topo en los silencios del poder?
Que un exjefe de la UCO termine en una de las empresas que más contratos públicos ha recibido en las últimas décadas no es, por sí solo, ilegal. Pero sí representa con nitidez el fenómeno de las puertas giratorias: el tránsito fluido de altos cargos policiales, judiciales o políticos hacia empresas privadas que, en algún momento, estuvieron —o deberían haber estado— bajo su lupa.
En este caso, el enroque de Corbí en Acciona deja una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿cuánto cuesta el silencio? Y más aún: ¿por qué la UCO no ha realizado registros o investigaciones relevantes a una empresa tan conectada con la obra pública, incluso cuando otras tramas de corrupción sí han salpicado al sector constructor?
Tal vez la respuesta no esté en los informes oficiales, sino en los pasillos donde se cierran contratos, se intercambian favores y se blindan lealtades. Donde el poder no necesita levantar la voz porque sabe susurrar en el oído correcto.
bilbaohiria
