Miles de personas salieron este sábado a las calles en Portugal para protestar contra la crisis habitacional y pedir al Estado que intervenga para controlar el precio de los alquileres, que aumentó un 11% en el segundo trimestre del año.
Las manifestaciones transcurrieron pacíficamente en todo el país, excepto en la capital, Lisboa, donde la policía intervino para frenar a un grupo que realizaba pintadas en algunas sucursales bancarias. El objetivo de la movilización fue «contestar a las políticas de vivienda y a la falta de políticas de medio ambiente, aunque con gran preferencia a la vivienda», explicó a un medio local Nuno Ramos de Almeida, portavoz del movimiento Vida Justa. «Las medidas tomadas son diminutas. Tenemos un índice bajísimo de construcción desde el punto de vista social. Tenemos menos del 2%, cuando en Países Bajos es del 30%», indicó.
«Tiene que haber una intervención reguladora del Estado», aseveró Ramos, quien se lamentó de que los salarios estén «por debajo del precio de las casas». «Es más que necesario un aumento de salarios. No podemos vivir en una situación en la que los salarios no alcanzan para la comida y la casa. Esto era así en la época del fascismo», afirmó.
Diogo Guerra, portavoz del colectivo «Referendo pela habitação» indicó a la agencia EFE que la «manifestación es urgente, pero tenemos mucho miedo de que después de esta muchas más sean necesarias, porque claramente tenemos un gobierno que no está gobernando para quien lo eligió, sino para los intereses del sector inmobiliario y del turístico», criticó.
La crisis
La ministra de Vivienda, Marina Gonçalves, se expresó el viernes a favor de la protesta al destacar que «es importante que se oiga la voz sobre un problema real» del país. En ese sentido, recordó el paquete de medidas aprobado en febrero para facilitar el acceso a la vivienda, pero vetado por el presidente portugués en agosto. La semana pasada el Parlamento volvió a aprobar ese programa sin cambios. El paquete incluye la suspensión del registro de nuevos alojamientos fuera de los territorios de baja densidad, el alquiler forzoso de casas vacías desde hace más de dos años y un límite en el alquiler para casas que ya están en el mercado.
El problema de la vivienda se agravó desde que Portugal, amenazado de quiebra, recurrió en 2011 a una ayuda financiera internacional. Para reponer sus arcas y satisfacer las exigencias de sus acreedores, el país se abrió a los capitales extranjeros gracias a una serie de medidas como los «visados dorados» –permisos de residencia concedidos a inversores ricos– o ventajas fiscales para los pensionistas extranjeros. Estos inversores contribuyeron en gran medida a dinamizar el mercado inmobiliario y a la renovación de las grandes ciudades, que vieron proliferar las viviendas turísticas de corta duración en respuesta a la afluencia de visitantes.
Según un estudio de la fundación portuguesa Francisco Manuel dos Santos, entre 2012 y 2021 el costo de la vivienda aumentó 78% en Portugal, frente al 35% en el conjunto de la Unión Europea. En el segundo trimestre de 2023, la renta media volvió a subir un 11% anual, según datos oficiales publicados esta semana.
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