La Policía Judicial portuguesa registró la sede nacional del Partido Socialista en Lisboa en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas y contratos municipales. La operación forma parte de una causa más amplia centrada en posibles delitos de corrupción, tráfico de influencias y prevaricación relacionados con administraciones locales vinculadas al partido.
Según las primeras informaciones difundidas por medios portugueses, los agentes realizaron varios registros simultáneos en distintos puntos del país, incluyendo despachos, domicilios y dependencias asociadas a cargos municipales y empresarios investigados. Desde el Partido Socialista afirmaron estar colaborando con la justicia y sostuvieron que la organización no figura como acusada formal en el procedimiento.
Se da la circunstancia que casi a la par la Guardia Civil hizo lo propio en la sede de Madrid del PSOE:
