Los policías investigados por cargas desproporcionadas durante la jornada del referéndum ilegal de independencia del 1-O mantienen una relación ambivalente con la ley de amnistía. Sus representantes sindicales han rechazado en voz alta una ley que consideran humillante porque equipara, sostienen, a unos funcionarios que se limitaron a cumplir órdenes y a hacer su trabajo con los políticos que lideraron el procés. Pero la medida de gracia también está pensada para ellos. Y tras la aprobación definitiva de la ley por el Congreso de los Diputados, y con muchos de esos agentes a un paso de sentarse en el banquillo, varios de ellos solicitarán que se les aplique si los jueces no lo hacen de oficio, según han explicado distintas fuentes a EL PAÍS.
