La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha informado que durante los años 2015 y 2016 se realizaron consultas en bases policiales sobre al menos 55 diputados de Podemos. Así figura en la documentación remitida al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que está examinando si se acometieron investigaciones extrajudiciales a políticos de la formación morada por orden de la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
El 27 de marzo, el magistrado requirió a la Policía una relación de las solicitudes de acceso por funcionarios policiales a los ficheros informatizados durante esos dos años y que tuvieran por objetivo los nombres de los diputados. Esa petición fue remitida, según consta en la documentación, a la Unidad de Informática y Comunicaciones que, a su vez, elaboró una certificación de consultas realizadas en las bases de datos policiales en la que indicó tanto el funcionario como la fecha y hora de la consulta.
El listado de diputados sobre los que se realizaron consultas, al que ha tenido acceso la Cadena SER, indica que al menos 55 diputados electos en 2015 y 2016 que pertenecían a Podemos, En Comú Podem, En Marea y Compromís fueron objeto de búsqueda en esas bases de la Policía Nacional. Entre ellos figuran nombres como el de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz o el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, pero también de Pablo Iglesias, la eurodiputada Irene Montero, o los diputados Joan Baldoví, Ione Belarra o Íñigo Errejón.
En los documentos presentados aparecen numerosas consultas realizadas desde diferentes puntos, como comisarias provinciales o por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Por ejemplo, Yolanda Díaz cuenta con más de dos centenares de indagaciones realizadas y Pablo Iglesias más de un centenar.
El juez investiga si la cúpula policial maniobró contra ellos
El juez Pedraz admitió en febrero la querella que interpuso Podemos contra cargos del Ministerio del Interior y de la Policía en 2015 y 2016 por presuntas investigaciones irregulares al partido. En su escrito, la formación morada señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».
Además, el partido apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
De este modo, la querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desecha estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
La reacción del PP
Tras conocerse el informe de la Policía, fuentes de Podemos a RTVE han afirmado que el «rastreo masivo de información» se produjo «al margen de la ley» y ha tachado las investigaciones extrajudiciales de «cacería política, policial, judicial y mediática del PP». «Tenían el único objetivo de dañar a Podemos para impedir las transformaciones en España. Es un ataque a Podemos y a la democracia», ha aseverado también Irene Montero en una entrevista en 24 horas de RNE, donde ha denunciado la desinformación sufrida por el partido a nivel «mediático, político y judicial».
Para la eurodiputada y exministra de Igualdad, la corrupción es «la forma de gobierno del bipartidismo y del PP», partido al que ha acusado de utilizar las instituciones en su «propio beneficio» y para «organizar investigaciones ilegales» con el objetivo de «romper la confianza de los ciudadanos». «No puede quedar en la impunidad», ha sostenido.
En ese sentido, ha instado al PSOE a tender la mano a la «mayoría plurinacional» y a romper los acuerdos con los ‘populares’, en referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. «Con sus acuerdos con el PP está legitimando esa guerra sucia», ha insistido.
«La intensidad de la operación, con centenares de búsquedas de información en bases policiales, demuestra que acabar con Podemos fue uno de los principales objetivos del Gobierno de Mariano Rajoy. Y, aunque no lo consiguieron, la guerra sucia -que continuó con otras operaciones y casos como Neurona- ha producido un importante desgaste a la formación», han subrayado asimismo las fuentes de la formación, que han avanzado que el partido seguirá exigiendo que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades.
Por su parte, Yolanda Díaz ha criticado que el PP «nunca acepta las reglas democráticas». «Nos espió masivamente para evitar que hubiera cambios en España. No lo consiguieron. Una noticia tan grave nos debe empujar a seguir democratizando las instituciones. El PP debe responder ante la sociedad española», ha escrito en redes sociales la ministra de Trabajo.
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