“El coronel Gerineldo Márquez no pudo reprimir el desprecio que le inspiraba aquella actitud. «No, Aureliano -replicó-. Vale más estar muerto que verte convertido en un chafarote».
-No me verás -dijo el coronel Aureliano Buendía-. Ponte los zapatos y ayúdame a terminar con esta guerra de mierda. Al decirlo, no imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla. Necesitó casi un año de rigor sanguinario para forzar al gobierno a proponer condiciones de paz favorables a los rebeldes, y otro año para persuadir a sus partidarios de la conveniencia de aceptarlas. Llegó a inconcebibles extremos de crueldad para sofocar las rebeliones de sus propios ofíciales, que se resistían a feriar la victoria y terminó apoyándose en fuerzas enemigas para acabar de someterlos.”
Cien años de soledad, García Márquez
Petro llegó a la presidencia prometiendo la implementación del acuerdo firmado con las FARC-EP en el año 2016. Un acuerdo que –supuestamente– no debía materializarse únicamente con la entrega de armas por parte de la guerrilla, sino que debía –repetimos, supuestamente, sobre el papel– garantizar la liberación de presos políticos, el respeto a las comunidades campesinas y obreras, el fin del paramilitarismo y el respeto a la vida de los ex combatientes. Hoy por hoy dicho proceso se puede caracterizar abiertamente como fraude. El movimiento popular no avanzó en ningún ámbito. Se incrementaron los asesinatos de líderes sociales, se redobló la presencia del paramilitarismo y el exterminio de ex guerrilleros llego a cuotas de más de tres cifras entre los años 2018 y 2020. De facto, dicho truculento proceso de paz sirvió únicamente para garantizar la seguridad del grupo de Rodrigo Londoño (ahora “Comunes”) a cambio de sacrificar la estructura del movimiento político revolucionario más fuerte de América Latina.
El triunfo electoral del Pacto Histórico en el 2022 fue vivido por grandes grupos sociales, incluida gran parte del movimiento guerrillero (y ex guerrillero) como una segunda oportunidad para retomar el plano social que había prometido el proceso de Paz. ELN, Segunda Marquetalia y el conjunto de frentes de las FARC que se agrupan en torno al Estado Mayor Central, con diferentes reservas y grados de celebración, dieron un voto de confianza al gobierno y empezaron a participar en distintas mesas de diálogo encuadradas por el nuevo gobierno en su política de “paz total”. Dos años después de la formación de estas mesas de diálogo los resultados han sido poco prometedores.
Antes de para avanzar en el desarrollo de cualquier proceso de transformación social, las mesas de diálogo parecen estar alentando la división y la polarización entre las distintas organizaciones revolucionarias, sociales y comunitarias. La dinámica global de la política de paz total es la siguiente: El gobierno se ve acosado por el poder mediático y el Estado profundo colombiano – controlados abiertamente por la extrema derecha paramilitar- y este traslada esa presión a las mesas de negociación, alentando la idea de que aquel que no de “pasos decisivos” hacia la entrega de armas se pone del lado de la reacción. Petro quiere llegar al final de su mandato con “éxitos” en la política de paz, y presiona para que esta se dé “aquí y ahora”. Mientras tanto las fuerzas del ejército colombiano realizan constantes incursiones en territorios de la guerrilla, tratando de asesinar “quirúrgicamente” a los principales líderes de uno y otro frente. Por su parte el Clan del Golfo y las Autodefensas ocupan el vacío dejado por los frentes de las FARC que se desmovilizaron y la debilidad de las estructuras existentes. Las mesas de diálogo se convierten así en una olla a presión, terreno enemigo, donde “el que se mueve, no sale en la foto.”
Los distintos grupos guerrilleros se sentaron a la mesa con Petro con diferentes intereses y propósitos. Pero para todos ellos estas mesas se han convertido en una trampa –casi– mortal en las que el gobierno, imbuido por el Estado profundo colombiano, implementa una política de “divide y vencerás” en el que utiliza las ya existentes diferencias entre los distintos grupos (hoy prácticamente instalados en una guerra fratricida total en el que las alianzas vienen y van) e incentiva que aparezcan muchas más.
El EMC desde una posición de relativa fuerza, comenzó los diálogos con el propósito de consolidar sus posiciones y aprovechar las treguas con el gobierno para reordenar su estructura interna, así como para consolidar su presencia territorial, objetivo que han conseguido sólo parcialmente, dado que recientemente la negociación ha hecho estallar la frágil unidad que habían ido trabajando en los últimos años en torno a la figura de Iván “Mordisco”, a quien ahora tanto medios de derecha como vinculados a la “izquierda institucional” tratan como vulgar líder paramilitar.
Por su parte, la Segunda Marquetalia, otra estructura disidente fundada por líderes históricos de las FARC en 2018, muy mermada, con la inmensa mayoría de sus dirigentes asesinados en extrañas circunstancias, hoy dirigidas por Iván Márquez sin apenas implantación territorial, pero con la reputación y el respaldo internacional, es la facción que más confía en las mesas de paz como forma de escapar del punto muerto en que se encuentran. Pero en su carrera por rivalizar con las estructuras del EMC han realizado alianzas estratégicas con grupos muy variopintos como los Comandos de la Frontera, grupos de dudosa motivación política, mucho más ligados a la gestión de las economías ilícitas. Lo que augura una más que posible fricción entre la dirección oficial, refugiada en Venezuela, y sus accionar local.
El ELN estructura político-militar tradicionalmente mucho menos centralizada que las FARC ha visto recientemente como la política de paz ha sido utilizada para alentar la división entre el Comando Central y estructuras locales como la instalada en Nariño (favorable a la entrega de armas) o el Frente Domingo Laín (contrario al proceso de paz). Estas divisiones sean más o menos importantes han hecho que el Comando Central se vea obligado a convocar su VI congreso con el propósito de reorientar su relación con el gobierno y para con la búsqueda de la paz. Si del congreso resultante se deciden congelar las negociaciones con el Estado, ¿serán los seguidores de Camilo Torres, Domingo Laín y el Cura Pérez los próximos en ser acusados de hacerle el juego a la derecha paramilitar?