Son pueblo, cuando no su representante, nos dicen, pero lo cierto es que esto no es cierto (valga la redundancia). Los privilegios que han tenido y aún tienen en comparación con sus “representados” saltan a la vista.
Como se sabe, Irene Montero (Podemos) y Alberto Garzón (Izquierda Unida) quedaron fuera del gobierno el pasado 20 de noviembre. Y resulta que ellos, así como el resto de altos cargos cesados, tienen derecho a solicitar a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) del Ministerio de Hacienda el cobro de la indemnización por cese, en estos dos casos, como ex ministra de Igualdad y ex ministro de Consumo, respectivamente. Y por supuesto que lo han hecho.
Como fija la ley de presupuestos generales y autorizado el cobro de esta prestación, tanto Montero como Garzón percibirán como indemnización el 80% de su sueldo durante dos años.
Recordar que, para el presente, si la retribución para ministros se fijó en 79.415,16 euros brutos anuales, el 80% es de 63.532 euros brutos anuales.
No parece que se tenga que organizar una colecta para que la y el ex ministro no pasen aprietos económicos tras finalizar su trabajo de “representantes” del pueblo.
