Las crisis del capitalismo y sus reajustes siempre benefician a las élites y perjudican a los y las trabajadoras. Esto está sucediendo en la empresa pública Correos (gestionada por una administración-gobierno capitalista, no se nos olvide).
Esta empresa ha acometido el mayor recorte de personal de su historia reciente. Su dirección ha reducido su plantilla en 5.373 trabajadores en el transcurso de dos ejercicios fiscales, lo que supone una disminución del 10% de sus efectivos totales.
Todo parece indicar, así lo reflejan los datos oficiales de las memorias anuales de la compañía estatal, que este proceso de despido coincide con la etapa de gestión de Pedro Saura al frente de la entidad y muestra una evolución opuesta a la política retributiva de los altos cargos.
La realidad es que el volumen global de empleados descendió de 53.459 a 48.086 personas. Y esto sucedió mientras la remuneración media de la alta dirección experimentó un incremento del 44,5%, al mismo tiempo que el gasto conjunto asignado al Consejo de Administración y a los máximos directivos se elevó un 19,5%.
La brutal campaña de despidos se enmarca dentro del denominado Plan de Personas, la estrategia de reorganización estructural impulsada por la presidencia de Saura para, según él, “revertir la tendencia financiera de la entidad postal, que acumulaba casi una década de pérdidas económicas consecutivas”.
Para llevar a cabo la ejecución de este programa, centrado principalmente en la aplicación de bajas y salidas “voluntarias”, la dirección de Correos dispuso una reserva presupuestaria específica de 150,3 millones de euros. A pesar de que las medidas han propiciado la vuelta de la compañía a los beneficios financieros, la drástica reducción de personal ha desatado un escenario de confrontación directa entre los gestores de la empresa y las organizaciones sindicales.
Ha ese respecto, se han dado movilizaciones y paros en diferentes puntos del Estado. En la Comunidad de Madrid, la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene convocada una huelga general que afecta a todos los centros y turnos de trabajo desde el pasado 1 de julio y que se prolongará hasta el próximo 30 de septiembre.
Este sindicato denuncia el desmantelamiento del servicio y la escasez de recursos humanos, manifestando públicamente que “nunca hemos estado tan pocas personas en plantilla”. Por su parte, CCOO, que es el sindicato mayoritario en la empresa, advirtió el pasado mes de marzo que los resultados económicos positivos presentados por la dirección ocultan un recorte de gastos y de personal “sin precedentes” que compromete la viabilidad operativa del servicio postal.
