Convocada por 20 colectivos y secundada 70, la manifestación por la educación pública ha sido masiva. Los organizadores hablan de 100.000 personas; la Delegación de Gobierno 25.000. En cualquier caso, muchísimas personas han expresado, con su participación, que están en contra de la privatización de la educación, que exigen el sistema público de la misma.
Los convocantes han señalado que el sistema público madrileño “lleva años sufriendo el maltrato de las políticas privatizadoras” de los sucesivos Gobiernos del PP “que han deteriorado todos los niveles educativos”. Comenzado a las 12:00 horas, la manifestación, con el lema “Salvemos a la educación pública”, ha salido de Atocha para dirigirse a la Puerta del Sol. En ella se han dado cita todos los niveles de la comunidad educativa, desde la educación infantil hasta la universitaria; todas las personas que sufren los recortes y la política privatizadora de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.
La parte convocante ha denunciado el estancamiento en los presupuestos y la falta de reversión de los recortes de 2011, que se ha traducido, entre otros temas, en la negativa a recuperar el horario lectivo de aquella época y no reincorporación de 5.000 docentes.
También han hecho hincapié en que el Gobierno central (PSOE-Sumar) es “cómplice de permitir que la educación pública se mercantilice, responsable de que se cedan espacio y recursos a centros privados y concertados, de que se precarice a las trabajadoras de la educación y de que se criminalice toda protesta”.
Hoy muchos progresistas (y sus formaciones políticas) han participado en la manifestación. Su presencia, más bien, ha obedecido a la necesidad que sienten de estar en la foto, porque, en realidad, las políticas que aplican ellos no son precisamente defensoras de lo público, ni en Educación ni en otras materias, como puede ser la Sanidad.
Por otra parte, subrayar que hace unos días, la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) de Madrid anunció que se sumaba a la manifestación por la educación pública. Esta organización señaló la “creciente erosión” del Estado del Bienestar y la educación pública, especialmente en la Comunidad de Madrid.
En opinión de la CJS, la inflación, los cambios introducidos por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la falta de inversión han llevado a las universidades públicas madrileñas a “una situación crítica”, donde “no pueden afrontar el mantenimiento de sus infraestructuras ni el pago de los salarios”.
La citada organización comunista acusó al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de impulsar una “ofensiva contra las condiciones de vida de la clase trabajadora” y de buscar el “desmantelamiento y privatización de las universidades públicas”, con la complicidad de los rectorados.
La CJS llamó a la “organización independiente de las trabajadoras y las estudiantes” para defender los intereses de la clase trabajadora y construir una “alternativa política revolucionaria”, porque “solo respondiendo como clase a los políticos profesionales, reaccionarios y reformistas podremos revertir esta situación”.
