Pedro Sánchez ha afirmado recientemente que no quiere una España de «propietarios ricos e inquilinos pobres». Lástima que no sea presidente del gobierno para hacer algo al respecto. Pero la ironía no termina ahí: varios dirigentes del PSOE asistieron a las recientes movilizaciones por el derecho a la vivienda o se pronunciaron a favor de ellas.
Así, Reyes Maroto, exministra de Industria y ahora portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, estuvo presente en la manifestación del pasado domingo en la capital, reclamando fervorosamente el derecho a una vivienda digna. También Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE, ha declarado su compungida solidaridad con los manifestantes. Y Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, ha derramado lágrimas de “preocupación” por la situación de la vivienda. ¿De verdad pretenden hacernos olvidar que ellos son el gobierno, precisamente el que podría hacer algo para solucionar el problema?
Y es que lo del PSOE empieza a recordar demasiado al famoso Joker. No solamente por la payasada, sino por el trastorno mental y la pérdida del contacto con la realidad que parecen experimentar. ¿Contra quién se manifestaban estos dirigentes? ¿Contra sí mismos? Su partido ha sido el corresponsable, junto al PP, del deterioro hasta límites insoportables del supuesto “derecho a una vivienda digna y adecuada”, reconocido demagógicamente en el artículo 47 de la Constitución. ¿Por qué no se dedican mejor a explicar los motivos de su incapacidad, o de su mera falta de voluntad, para influir sobre la realidad?
Es digno del teatro del absurdo de Eugène Ionesco que se unan a las protestas como si fueran meros espectadores. ¿Esquizofrenia política? Podría ser. O a lo mejor se camuflan para que no se note que, si se desea abordar de verdad la crisis de la vivienda, es absolutamente necesaria una intervención estatal inmediata del mercado de la vivienda. Esto empieza por la limitación real de los precios del alquiler y la creación de un parque nacional de vivienda pública que garantice el acceso a una vivienda digna para todos. Aunque ¿cómo hacer esto sin expropiar a las grandes constructoras privadas, como ACS, Acciona, Ferrovial, FCC o Sacyr?
Las recientes movilizaciones por la vivienda han supuesto un paso crucial, al plantear con audacia el camino hacia una futura huelga de alquileres. Las manifestaciones han aterrado a Ferraz, al visualizar que la gente no se dejará distraer mucho más tiempo por las promesas vacías del gobierno. La lucha por una vivienda digna está en marcha y el pueblo, que está madurando en el propio camino, exige a estas alturas soluciones reales.
Solo falta el factor consciente aportado por la organización, que ligue el problema de la vivienda al resto de aspectos (sanidad, educación, pensiones, energía, alimentación) en los que el Ibex 35 está metiendo mano, para compensar sus problemas de rentabilidad. Así surgirá la cadena de equivalencias que una a todas las luchas. Y esto será lo que acabe con tanta “batalla cultural posmoderna”, imponiendo el verdadero campo de batalla: el del pueblo contra la oligarquía.