Este domingo, miles de personas se manifestaron en diversas ciudades españolas, lideradas por el Sindicato de Inquilinos y otros movimientos contra la especulación inmobiliaria. Las protestas reflejan la creciente frustración popular ante el aumento imparable de los precios de la vivienda y la falta de medidas efectivas por parte del gobierno “más progresista del mundo”.
Desde que Pedro Sánchez asumió el cargo, en 2018, ha prometido demagógicamente diversas medidas para abordar el aumento de los precios de la vivienda: el Bono Alquiler Joven, destinado a ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler, que en realidad es una inyección directa de dinero público al rentista, pues este sigue subiendo los precios. Por no hablar de la prometida “regulación del mercado de alquileres”, con topes a los precios que nadie cumple. Aunque, misteriosamente, ningún juez abre diligencias al respecto.
Los datos demuestran que los precios de la vivienda han seguido subiendo durante el mandato sanchista. Entre 2018 y 2024, el precio de compra de una vivienda se ha encarecido un 35% y el alquiler un 40%. Es más, en septiembre de 2024, el precio del alquiler aumentó más de un 80% respecto a 2014. Y en Madrid y Barcelona el precio de la vivienda ha aumentado más de un 50% y 45% respectivamente desde la entrada del maravilloso “gobierno de coalición”.
Ante esta realidad, los convocantes de las manifestaciones del domingo se plantean iniciar un proceso que acabe en una huelga de alquileres, medida de presión para forzar una solución real a la crisis habitacional. Se trata de un planteamiento que no solo “visibiliza el problema” (como cientos y cientos de manifestaciones contra la privatización de la sanidad, que… sigue siendo privatizada), sino que traslada en los hechos la presión a los caseros. Y la responsabilidad última a los gobiernos (tanto al central como a los autonómicos). De este modo, pretende obligar a todos ellos a tomar medidas concretas para garantizar el prometido “derecho a la vivienda” o, de lo contrario, enfrentarse al hartazgo y la desafección popular.
Ya hubo una huelga de alquileres en Barcelona en 1931. Eso sí, dado el contexto presente, los activistas por el derecho a la vivienda deberán actuar sin precipitaciones, para que siga tratándose de una lucha de masas, de la “gente normal”, maximizando su impacto popular y minimizando los riesgos para los inquilinos. No hay que olvidar que grupos como “Desokupa” u otros ultras actuarán en defensa de los rentistas, por lo que la preparación y la unidad son esenciales a la hora de preparar cualquier acción colectiva.
Sin necesidad de banderas, siglas o eslóganes muy elevados, esta lucha por la vivienda es una expresión descarnada de la lucha de clases. Porque arrancar las áreas esenciales de las garras del mercado, más allá de una lucha parcial, colocará objetivamente a la población contra el sistema. Y la ayudará a entender en los hechos que el capitalismo perpetúa la desigualdad y la explotación.
