Sabemos que, en el teatro político español, PSOE y PP escenifican supuestos extremos ideológicos, pero que, en las decisiones que de verdad nos afectan, colaboran sistemáticamente. Lo vimos en las reformas laborales de 2012 y 2021, momentos en los que ambos partidos aprobaron medidas que precarizaban aún más el mercado laboral. El PP presume de su agenda regresiva y el PSOE, en cambio, se presenta como el adalid del bienestar social; ahora bien, cuando de obedecer los dictados de Bruselas se trata, ambos partidos se ponen de acuerdo a una velocidad asombrosa. No nos dejan más remedio que concluir que comparten objetivos: desmantelar los derechos conquistados por la clase trabajadora para satisfacer las exigencias de las élites económicas.
Esta semana, tras escenificar tantos enfrentamientos en los platós de televisión por cuestiones que poco o nada nos afectan, han vuelto a ponerse de acuerdo en lo fundamental: aplicar los dictados de Bruselas, como ha sucedido con anteriores ajustes fiscales y recortes en servicios esenciales, cargando siempre el coste… sobre la clase trabajadora. Su última jugada ha sido la reforma que incentiva retrasar la jubilación hasta los 72 años, disfrazando de «opción voluntaria» lo que, para muchos trabajadores, será una simple necesidad. En la práctica, afectará desproporcionadamente a quienes han trabajado en sectores precarios o con peores condiciones, sin capacidad para ahorrar y sin más alternativa que continuar en el mercado laboral. Pues, tras décadas de precariedad y salarios insuficientes, quienes no hayan podido ahorrar o acumular suficientes cotizaciones se verán obligados a seguir trabajando para acceder a una pensión que les permita pagar sus deudas, hipotecas y facturas. Entonces, ¿cómo seguir defendiendo que estos partidos representan los intereses de sus votantes, y no los del capital?
Mientras Pedro Sánchez y sus ministros proclaman «justicia» e «izquierda», aprueban contrarreformas que se mofan de esos principios. Ejemplos como la no derogación de la reforma laboral de 2012 o la incapacidad de regular los precios del alquiler son lo suficientemente elocuentes. Y mientras el PP los critica por casos de corrupción, guerras culturales y otras cosas que no afectan a nuestra vida, vota en común con ellos las decisiones más nefastas para nosotros, como esta. Y es que detrás de esta reforma está el incesante goteo de «recomendaciones» que la Unión Europea dicta a los gobiernos nacionales bajo eufemismos de «modernización». Bruselas no solo exige recortes sociales, sino que también presiona para que se alargue la vida laboral de los trabajadores, beneficiando a empresas, grandes corporaciones y explotadores. Bajo el pretexto de garantizar la “sostenibilidad del sistema de pensiones”, se ignora deliberadamente el despilfarro en beneficios fiscales a grandes empresas y bancos y, mientras los ancianos trabajan más años, el paro juvenil alcanza niveles históricos, superando el 30% en algunas regiones.
¿Cómo se puede hablar de «opción voluntaria», en lugar de chantaje capitalista, cuando las pensiones no alcanzan y obligan a los trabajadores a trabajar más allá de sus límites físicos? Y en especial las pensiones no contributivas, que deberían ser un colchón para quienes no pudieron cotizar suficiente. Muy al contrario, la mayoría de los beneficiarios de estas pensiones vive al borde de la pobreza. Esta reforma es solo otro paso más. Trabajar hasta los 72 años es un castigo humillante, tanto para los ancianos como para los jóvenes que se quedarán en el paro, de manera antinatural e irracional. Y todo para pagar menos pensiones y, de paso, tenernos a todos más precarizados. ¿Hasta cuándo permitiremos esta barbarie?
Debemos reaccionar: la huelga general es ya inaplazable. Y si los sindicatos mayoritarios comen de la mano del Estado, deberemos articular herramientas alternativas para ejercer nuestro derecho a la huelga y luchar por nuestro pan. Con esos vividores, estamos totalmente indefensos; por tanto, necesitamos plataformas obreras independientes que se coordinen, en coalición con todo tipo de sindicatos alternativos (y con un proyecto sociopolítico, que vaya más allá de lo laboral), no solo para recuperar la capacidad de convocatoria de huelgas, sino para recuperar lo que es nuestro. Y para que nunca puedan volver a robárnoslo.