El pasado 20 de diciembre el Gobierno dio luz verde al nuevo programa de reformas fiscales -y recortes- propuestos por la UE[1]. En él se anuncia que la Cláusula General de Escape se va a dejar de aplicar este año, lo cual supone la vuelta a las estrictas reglas fiscales impuestas desde Europa.
Para conocer un poco el recorrido de estas normas, en 1997, la Unión Europea estableció reglas fiscales como parte de los criterios de convergencia de Maastricht para la adhesión al euro. Estas normas, mayormente conocidas como “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” -nombre totalmente alejado de lo que realmente es-, impusieron los famosos límites a la ratio de deuda pública del 60% del PIB y al déficit del 3%.
Durante la pandemia de Covid-19 se tuvo que suspender el pacto a través de la Cláusula General de Escape. Sin embargo, en marzo de 2023, la Comisión Europea anunció que dejaría de aplicarse en 2024 y así acabar con la “relajación” fiscal.
Volviendo a la actualidad, este programa[2], más allá de la politiquería que de él se esboza, anuncia importantes cambios para los países de la UE y, sobre todo, para aquellos que superan los límites de deuda pública y de déficit que se han comentado anteriormente, entre los que se encuentra -cómo no- España. En concreto, para aquellos países que superen el 90% de deuda pública sobre el PIB, deberán hacer una reducción anual del 1% del PIB hasta alcanzar dicha cifra, y para los que superen el 3% del déficit, deberán hacer una reducción anual del 0,5% del PIB. Además, si no cumplen con estos presupuestos, se prevén multas semestrales del 0,05% del PIB -670 millones de euros si tomamos el PIB español de 2022.
En el contexto español, que alcanzó un 109,8% de deuda pública[3] el tercer trimestre de 2023 supondría un recorte anual de 13.500 millones de euros en deuda. Con respecto al déficit, se llegó a alcanzar un 4,7%[4] en 2022, por lo que por este lado se tendría que recortar unos 6.750 millones de euros.
Y hablamos de recortes en lugar de otras opciones por una razón muy clara. Desde un punto de vista macroeconómico, para paliar el déficit que marca la Unión Europea, el Gobierno tiene dos opciones: aumentar el ingreso público o reducir el gasto. Ahora mismo la única opción de aumentar el ingreso público es subiendo impuestos, puesto que ya se ataron de pies y manos allá por los años 90 al llevar a cabo procesos de privatización de aquellas empresas públicas que más rentabilidad les daban -también marcado por las directrices de la Unión Europea[5]-. Como la subida de impuestos es la opción más impopular, pues esta afecta a toda la población, la alternativa de reducir el gasto en servicios mayormente utilizados por la clase baja se vuelve más plausible.
Lo curioso -o no- es que la Comisión Europea ya planteó esta propuesta en abril de 2023[6], aunque se haya acabado acordando en diciembre. Ello querría decir que todo esto ya se sabía en la antesala de las elecciones generales de junio y, por lo que sea, no se llegó a mencionar.
La omisión de esta información de cara a las elecciones del 23-J podría parecer una estrategia para no perder votos, pero la realidad es más profunda. La verdad detrás de esto es que, tanto si se menciona como si no, ningún otro partido puede ofrecer una alternativa significativa. Y no pueden porque quien realmente dicta las grandes políticas estatales no se presenta a las elecciones. Pase quien pase por los cómodos sillones del Parlamento, sabe que debe seguir las directrices impuestas por la Comisión Europea, tal como se ha venido demostrando tras los recortes de la crisis financiera en 2008 o, más recientemente, con los fondos europeos durante la época del Covid-19.
Y es que los fondos Next-Generation han servido como elemento de chantaje para imponer reformas y recortes según convenían, mientras que toda esa emisión desmedida de moneda iba poniendo el caldo de cultivo para una inflación que la guerra de Ucrania no hizo más que revelar. La lucha contra dicha inflación, con las consecuentes subidas de tipos de interés, ha asomado a Europa a las puertas de una recesión, con economías como la alemana cerrando el 2023 con una reducción del PIB de un 0,3%[7].
Así las cosas, el trabajador se ve obligado a pagar una inflación, subidas de tipos de interés y recortes a cambio de unos fondos que ni ha tocado[8]. La experiencia nos dice que los recortes serán fundamentalmente en sanidad, educación, pensiones o servicios sociales, los cuales ya están suficientemente deteriorados y precarizados. En consecuencia, además de negarse rotundamente a aceptar los recortes, urge dejar de señalar exclusivamente al cómplice gobierno de turno como responsable de estas políticas y poner en el punto de mira a la Unión Europea, verdadera culpable de la degradación social que venimos sufriendo desde hace décadas.
[1] https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/spanish-presidency-council-reaches-agreement-new-eu-tax-rules/
[2] https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/12/21/economic-governance-review-council-agrees-on-reform-of-fiscal-rules/
[3] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teina230/default/table?lang=en&category=shorties.teieuro_na.teina_geng
[4] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teina200/default/table?lang=en&category=shorties.teieuro_na.teina_geng
[5] https://www.consilium.europa.eu/media/21221/72925.pdf
[6] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_2393
[7] https://www.destatis.de/EN/Press/2024/01/PE24_019_811.html
[8] https://www.funcas.es/articulos/a-que-empresas-y-sectores-estan-llegando-los-fondos-ngeu/
