En la vorágine económica que nos rodea, existe un fenómeno alarmante que amenaza con socavar los cimientos de los servicios públicos y debilitar las condiciones de vida de la gente: el constante incremento del coste de la deuda. A medida que los años avanzan, estuviera quien estuviera en el poder, este factor se ha convertido en una sombra oscura que se cierne sobre la viabilidad de la sanidad, la educación y otros servicios esenciales.
En la búsqueda desenfrenada de financiación, los gobiernos han recurrido a la emisión de deuda como una forma de mantener sus economías a flote. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de consecuencias negativas. Cada año, el monto destinado al capital de la deuda y sus correspondientes intereses aumenta, dejando menos margen de maniobra para destinar recursos a áreas vitales como los servicios públicos. En este sentido, según los Presupuestos del Estado[1], para este año estaba previsto dedicar la cantidad de 31.275 mil millones de euros -un 2,4% del PIB- solo para satisfacer los intereses de la deuda. Esto es más del doble de lo que se dedica en un año a educación, sanidad y vivienda de forma conjunta -5, 7 y 3 mil millones, respectivamente-.
A lo largo de estos años el gobierno parece haber encontrado una fórmula secreta para poder seguir gastando sin preocuparse de la deuda; simplemente refinanciándola. Conforme van venciendo las deudas más antiguas, se emiten nuevas para evitar el duro golpe de la realidad económica. De hecho, para este año está previsto emitir 256.930[2] millones de euros. Así de sencillo.
Las anteriores políticas monetarias expansivas -es decir, con tipos de interés cercanos al 0%- han permitido a la Administración poder endeudarse a un coste muy bajo -aunque no lo parezca, dadas las cifras actuales-. Pero eso no va a seguir siendo así; las recientes subidas de los tipos, además de afectar en las condiciones de la gente que ya va hasta el cuello, va a impactar negativamente en la deuda. Así lo reconoció el gobierno en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas el pasado mes de abril, expresando en multitud de ocasiones su preocupación por las subidas del BCE. Aunque los efectos no los notaremos a corto plazo debido a la naturaleza largoplacista de la deuda pública, en el Plan se prevé un aumento del 7% con respecto al año anterior[3]. Por eso, lo preocupante vendrá después, y es que para 2026 el gasto en intereses será de alrededor de 47.000 millones de euros[4], un aumento de 16.000 millones teniendo en cuenta el escenario optimista del gobierno.
El impacto de este creciente coste de la deuda se hace sentir directamente en la calidad de vida de las personas. Los sistemas de salud, ya de por sí sobrecargados y con recursos limitados, se ven aún más presionados cuando una parte significativa del presupuesto se destina a cubrir los pagos de la deuda. Esto se traduce en una disminución de la capacidad de respuesta del sistema de salud, largas listas de espera, falta de personal y una atención médica deficiente.
Por otro lado, la educación, pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad próspera, también se ve afectada por esta tendencia preocupante. La falta de recursos financieros se traduce en aulas abarrotadas, falta de material didáctico adecuado, recortes en programas educativos y una merma en la calidad de la enseñanza.
Pero por supuesto, en caso de que las cuentas no salgan, no cabe duda de que desde arriba no se priorizarán los servicios públicos. Así lo aconsejó la Comisión Europea[5] el pasado 24 de mayo en el Informe País, mediante el cual se “sugería” el impulso de reformas fiscales para no poner en peligro la sostenibilidad de la deuda pública[6] ante posibles aumentos en el gasto público. En realidad, lo que venía a decir es que nadie debe olvidarse que el artículo 135.3 de la Constitución expone que “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”, un artículo que fue reformado en 2011 sin ninguna repercusión por los medios cuando la viabilidad de la deuda estaba en peligro por la crisis financiera. Es decir, la deuda está por encima de cualquier otro gasto, y en caso de ocupar el 99% de éste, el 1% restante ya se verá cómo se reparte entre todos los servicios públicos.
En medio de todo esto, desde la politiquería española “parece” haber una tendencia constante a olvidar este tipo de temas, especialmente durante las elecciones. Mientras el progresismo se enfrasca en disputas internas y luchas por el poder, los problemas reales de la gente quedan relegados a un segundo plano. Los mismos que hace no mucho defendían el impago de la deuda, ahora su máxima aspiración es no perder el sillón en el Parlamento.
Al mismo tiempo, los temas económicos que más afectan a los trabajadores se ignoran por completo. El aumento de los tipos de interés, los precios de los alimentos y la vivienda, la precariedad laboral y las largas listas de espera en la sanidad son problemas que afectan directamente a la calidad de vida de las personas, y que nunca se discutirán ahí arriba. Por eso, al igual que los de arriba, los de abajo también tenemos claro qué es lo que tiene prioridad absoluta.
[1] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128
[2] https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2023Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/3/1/3/2/N_23_A_A_1_3_2_4.PDF
[3] https://www.hacienda.gob.es/CDI/Programas%20de%20Estabilidad/Programa-de-Estabilidad-2023-2026.pdf
[4] Cálculo realizado en base a las previsiones de evolución del PIB y del peso de los intereses sobre éste.
[5] https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-05/SWD_2023_609_1_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
[6] “Los efectos del envejecimiento de la población, que afectan al gasto sanitario y en pensiones, plantearán un reto cada vez mayor en la sostenibilidad de la deuda pública. Mantener el impulso de las reformas fiscales es necesario para garantizar que el reciente aumento de los ingresos fiscales sea permanente.” (Traducción propia extraída del Informe)
