La ‘Ley Mordaza’ persigue también a los pensionistas que se movilizan: COESPE exige en el Congreso anular las multas a dos activistas
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- Dos jubilados de Madrid se enfrentan a sanciones de hasta 1.200 euros basadas exclusivamente en informes policiales y sin pruebas gráficas.
- La Coordinadora registra 130 cartas dirigidas a los diputados y al ministro Marlaska para exigir la derogación inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Madrid — La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) ha trasladado su batalla contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘Ley Mordaza’, a las puertas del Congreso de los Diputados. Cinco delegados de la organización han registrado un total de 130 cartas procedentes de diversas plataformas estatales dirigidas a los parlamentarios y, de forma directa, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La exigencia es firme: la paralización de los expedientes sancionadores que pesan sobre sus compañeros y la derogación definitiva de la norma.
Los colectivos denuncian una campaña de «criminalización y represión» contra el activismo de la tercera edad, personificada en los casos de Ángel García y Paco Cepeda, dos integrantes de la coordinadora y COORPEM-COESPE en la Comunidad de Madrid que acumulan sanciones económicas amparadas únicamente en la presunción de veracidad de los agentes policiales.
Ángel García: 1.200 euros por unos insultos que nadie escuchó
El caso de Ángel García, de 74 años y portavoz de COESPE en Pinto, ejemplifica la indefensión que denuncian los colectivos sociales. En marzo del año pasado recibió una notificación de sanción de 1.200 euros por unos hechos ocurridos en mayo de 2024. Se le acusa de desacato y de proferir insultos graves a la Policía a través de un megáfono durante las habituales concentraciones pacíficas de los miércoles frente a la Cámara Baja.
García, encargado habitual de comunicar las marchas a la Delegación del Gobierno, niega categóricamente la versión policial. «Nadie me identificó en la protesta salvo al inicio como convocante, y nadie recuerda que sucediera lo que dicen que sucedió», asegura. Desde la coordinadora tachan de «absurda» la acusación, recordando el carácter estrictamente pacífico de sus movilizaciones. Tras presentar tres alegaciones sin éxito, el activista afirma que no abonará la cuantía si la justicia ratifica la sanción: «No voy a aceptar algo que es una mentira y una farsa».
Paco Cepeda: Sancionado tras denunciar agresiones físicas.
Una situación similar vive Paco Cepeda, de 63 años y delegado sindical de CC. OO., quien se enfrenta a una multa de 700 euros tras una protesta en junio del pasado año. Según el testimonio de Cepeda, intervino al presenciar cómo varios agentes increpaban con comentarios machistas a las manifestantes que portaban la pancarta principal. «Sin mediar palabra me empujaron, me tiraron al suelo y me golpearon», relata el sindicalista. Un parte médico posterior acreditó hematomas de gran tamaño en sus extremidades.
Por el contrario, el acta policial sostiene que Cepeda incitó a las masas, provocó un conflicto de orden público y desobedeció los mandatos de la autoridad al intentar camuflarse entre la multitud. Un año después de los hechos, y sin que la Policía haya aportado pruebas visuales que respalden su relato, Cepeda mantiene paralizada su denuncia por agresión en los juzgados y se reafirma en su insumisión al pago: «Defender el sistema público de pensiones no es ningún delito».
Críticas a la inacción de un Ejecutivo «progresista»
La movilización de COESPE pone el foco sobre los partidos del Gobierno de coalición. El colectivo recuerda que la derogación de la ‘Ley Mordaza’ ha sido una promesa electoral recurrente del bloque de la izquierda que, tras años de legislatura, sigue sin materializarse en el BOE. «Perjudica a todos los que luchamos en la calle. Por protestar, ya tienes las de perder», lamenta García.
Con la entrega de estas 130 misivas, el colectivo de pensionistas busca forzar un posicionamiento real de los grupos parlamentarios antes de que un posible cambio en el ciclo político consolide de forma definitiva una legislación que, a su juicio, dinamita el derecho a la libertad de expresión y manifestación en España.
Habría que añadir que la represión de todo tipo, los golpes…, las retenciones, identificaciones, miles de multas e imputaciones por parte de las fuerzas policiales en las huelgas, movilizaciones obreras y sociales, como las huelgas del metal, de la educación, de la limpieza…. especialmente en los desahucios. En las movilizaciones solidarias con Palestina…. O ahí están como claro ejemplo los represaliados del metal de Cádiz, las 6 de la Suiza, los antifascistas de Zaragoza, los jovenes de Alsasua…. la represión contra el SAT….
