La policía de la burguesía catalana (Mossos d’Esquadra) estaba facilitando (como otras muchas veces) un desahucio en Reus, mientras militantes del Sindicato de Vivienda intentaban pararlo. El bloque era propiedad de un banco y en él tres familias con cinco menores de edad.
El desahucio era ilegal y los uniformados redujeron físicamente y detuvieron a uno de los militantes del Sindicato, cuando este estaba haciendo de traductor para las personas a las que los Mossos estaban echando de su casa.
El Sindicato de Vivienda de Reus denunció que “este agosto, especuladores, policía y matones de grupos irregulares se han conjurado para ejecutar todos los desahucios ilegales que puedan fuera de la mirada pública”.
La actuación policial se enmarcó dentro de este contexto de violencia inmobiliaria y de la represión contra el Movimiento por la Vivienda en Reus. Últimamente, se ha vuelto cada vez más habitual que la policía incumpla la ley para proteger de forma más ágil y contundente la propiedad privada. Así pues, el proletariado de la ciudad no tiene garantía alguna de un trato justo y medido por parte de los cuerpos de seguridad del Estado burgués.
Los Mossos d’Esquadra reprimieron brutalmente a aquellos que trataron de impedir el desahucio. Además de la brutalidad utilizada en la detención, también amenazaron con sus porras a los menores de edad que estaban siendo desahuciados e identificaron a todas las personas que grabaron su actuación. Por el contrario, toleraron que una vecina amenazara de muerte a una de las personas desahuciadas y mostraron complicidad hacia ella.
