Las recientes noticias sobre los resultados de la investigación de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) sobre los altos mandos de los servicios de inteligencia y la policía están causando gran revuelo en el país, especialmente por las implicaciones políticas para la posición de poder del presidente Volodymyr Zelenskyy. Los medios ucranianos especulan sobre si la revelación de los vínculos entre la cúpula de inteligencia y el crimen organizado podría obligar a Zelenskyy a modificar la ley.
Según esta interpretación, las conclusiones de la fiscalía anticorrupción NABU y SAP, publicadas esta semana, representan un intento de los financistas occidentales de Ucrania por recuperar, al menos indirectamente, cierto control sobre el uso de sus miles de millones. Los medios ucranianos describen el objetivo de la campaña como la pérdida del control de Zelenskyy sobre los ministerios responsables de la formulación de políticas —a saber, Interior, Defensa e Inteligencia— a manos de financistas occidentales, transformándolo de un jefe de Estado con poder directo en una especie de «Reina de Inglaterra».
El círculo de acusados ahora incluye a los confidentes más cercanos de Zelensky. Si bien logró desvincularse del asunto en verano destituyendo al fiscal general Ruslan Kravchenko , David Arakhamiya, líder parlamentario del partido del presidente «Servidor del Pueblo», también está siendo investigado. Esto no se debe únicamente a la acusación, relativamente menor, de distribuir sobres con dinero en efectivo a miembros del parlamento para asegurar su «correcta» conducta electoral. Existe además la sospecha de que Arakhamiya conocía las prácticas directamente delictivas de altos funcionarios o incluso se benefició personalmente de ellas. Si las autoridades anticorrupción logran derrocar a Arakhamiya, la principal herramienta de Zelensky para controlar el parlamento desaparecería. Esto crearía la posibilidad de forzar la renuncia del presidente mediante otras mayorías parlamentarias. Si esto realmente tendría éxito es completamente incierto y políticamente bastante improbable, mientras Zelensky siga desempeñando el papel de títere de esos financieros occidentales.
Sin embargo, aquello que sirve de base a todas estas especulaciones proporciona material para la cuestión fundamental de con qué tipo de Estado está tratando realmente Occidente en la «Ucrania independiente» que está protegiendo.
Según los informes, la investigación se centra en un grupo que presuntamente incluye al reincidente Andriy Osipov y al operador de una red de centros de llamadas. Este grupo está acusado de fraude de inversión, y se sospecha que dicho fraude podría continuar hoy bajo el alias de «Mexicano». Osipov presuntamente utilizó sus contactos de la ciudad de Zhytomyr, quienes posteriormente ascendieron a puestos de poder dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), para organizar servicios de protección a cambio de importantes sumas de dinero. Por aproximadamente 7.000 dólares al mes, estas personas garantizaban que los operadores de los centros de llamadas fraudulentos no fueran objeto de redadas. La Oficina Nacional Antiterrorista (NABU) concentra su investigación en unos 50 de estos centros de llamadas, que emplean a aproximadamente 2.500 personas. Sin embargo, existen muchas más instalaciones similares en Ucrania, que se cree que están organizadas por cárteles. En consecuencia, se estima que estos pagos de protección ascienden a aproximadamente 350.000 dólares al mes para los funcionarios involucrados.
La protección y el cabildeo de Osipov en favor de la red de centros de llamadas se extendieron presuntamente a otras actividades comerciales: por ejemplo, la operación de una cadena de tiendas donde supuestamente se vendían drogas sintéticas y la presunta falsificación de billetes de euro, para lo cual se habrían adquirido máquinas de impresión especiales con el respaldo del SBU (Servicio de Seguridad de Ucrania). Además, se alegaron robos a comerciantes que se negaban a pagar, utilizando datos del sistema de videovigilancia policial «Safe City»; algunos de estos robos tuvieron lugar en otros países europeos.
En este contexto, no sorprende que un número significativo de colombianos sirva en las fuerzas auxiliares extranjeras del ejército ucraniano. Medios ucranianos informaron que al menos algunos de ellos son «soldados» de cárteles de la droga colombianos que han sido enviados a Ucrania para recibir «entrenamiento militar».
JW
