Parecería razonable que un gobierno de izquierdas debería nacionalizar las industrias básicas del país. Que haya empresas vinculadas a multinacionales o no, que se benefician de la explotación de servicios básicos (agua, vivienda, electricidad…) en nombre del capitalismo y sus sacro santa «economía de mercado», resulta un insulto para la población. Las eléctricas tienen un poder en el el estado español tras las privatizaciones acometidas por el binomio FelipeGonzález/Aznar, que nadie se atreve a cuestionarlo. Se vio en la crisis vivida hace unos meses con un incremento del recibo de los usuarios (que se traducía en pingües beneficios para las susodichas en la Bolsa). Ya entonces, al gobierno progre PSOE+Sumar ni se le pasó por la ideología nacionalizar, expropiar o cómo quiera llamarse a pasar al Estado este servicio básico. Como reformistas que son acudieron a bonos para familias pobres, reducción del IVA y avisos de que «esto no podía seguir así», «vamos a llamar a la U.E para que nos proteja». No sabemos si su electorado con el parcheo ya le es suficiente pero, en cualquier caso, el poder de las compañías aparecer diáfano por encima del propio ejecutivo y legislativo. Una concreción exacta de lo que es el capitalismo y quien, en verdad, lo maneja.
En las últimas horas y ante la posibilidad «revolucionaria» de que tengan que pagar durante un año algo más de impuestos (qué lejos queda lo de nacionalizar, verdad?) Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy, Repsol, Moeve (antes, Cepsa), BP y TotalEnergies emiten un comunicado con un chantaje evidente: si continúan pagando el dichoso impuesto no va a hbaer inversiones, esto es, quedará el servicio y su calidad a merced de sus ganas y caprichos.
En efecto, el Club Español de la Energía, lobi que incluye a las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP), gasista (Naturgy) y petroleras (Repsol, Moeve –antes, Cepsa–, BP y TotalEnergies), amenaza con que estas empresas paralizarán sus inversiones valoradas -según ellos- en hasta 30.000 millones de euros para los próximos tres años si se mantiene el gravamen más allá del 31 de diciembre. ¿Por qué no se callan?
