Amnistía Internacional ha ampliado su investigación sobre las presuntas agresiones y malos tratos sufridos por personas migrantes en Ceuta y cifra ya en 50 los casos documentados desde el 30 de julio de 2026. La organización ha incorporado 28 nuevos episodios a los 22 que había denunciado inicialmente, en los que señala la presunta implicación de efectivos militares, agentes de la Policía Nacional y miembros de la Guardia Civil.
La organización denuncia que las víctimas habrían sufrido golpes, patadas, descargas eléctricas, utilización de espráis irritantes, amenazas y robos de pertenencias. Algunos de los testimonios recogidos describen lesiones de gravedad, como fracturas, traumatismos craneales y heridas que necesitaron atención médica.
Especialmente preocupante resulta la situación de los menores extranjeros no acompañados. Amnistía Internacional alerta de que alrededor de 500 menores continúan durmiendo en las calles de Ceuta y asegura haber documentado episodios de violencia contra 13 de ellos. Entre los hechos denunciados figuran agresiones físicas, amenazas y la destrucción o sustracción de teléfonos móviles y documentación personal.
La entidad también pone el foco en la continuidad de los presuntos abusos pese a las actuaciones anunciadas por el Ministerio de Defensa. Según su investigación, 18 de los nuevos episodios habrían ocurrido después de que se comunicara la apertura de una investigación interna, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas adoptadas y el control de las actuaciones de los efectivos desplegados.
Ante esta situación, Amnistía Internacional reclama una investigación independiente, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y garantizar la protección de las víctimas y los testigos. Asimismo, pide que los agentes presuntamente implicados sean apartados cautelarmente de sus funciones mientras se investigan las denuncias.
La organización expresa igualmente su preocupación por la situación de las entidades humanitarias que trabajan con la población migrante, en particular por la investigación judicial abierta contra No Name Kitchen, y advierte del riesgo de obstaculizar la labor de quienes prestan asistencia a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Amnistía Internacional insiste en que las autoridades españolas deben garantizar el respeto a los derechos humanos, especialmente en el caso de los menores, y poner fin a cualquier práctica que pueda constituir malos tratos o vulneraciones de la integridad física y moral de las personas migrantes.
