La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ratifica la condena a UGT Asturias, varios de sus extrabajadores y a parte de su antigua cúpula por el caso de los cursos de formación y mantiene que se ha probado la «actuación fraudulenta» del sindicato y de la Fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). De este modo, avala la sentencia emitida a finales de 2021 por el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo contra los seis acusados, entre ellos, Justo Rodríguez Braga, ex secretario general de UGT Asturias, a penas que van entre los 18 meses y los tres años y ocho meses de cárcel. Además, castiga al propio sindicato con una multa de 122.028 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años. En conjunto, se les condena a pagar multas que superan los 3,6 millones de euros y a indemnizar al Principado por los daños causados con más de 938.000. El fallo solo estima parcialmente el recurso de María Jesús Ocaña.
Contra la resolución de la Audiencia Provincial cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Según ha podido saber EL COMERCIO, los condenados van a apelar, al igual que el sindicato. Fuentes de UGT Asturias insisten en defender que no existe delito penal y analizarán con sus servicios jurídicos la sentencia.
Entre las penas se ratifica las de Rodríguez Braga y Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación de UGT, a los que se condena a dos años y diez meses de prisión. Se les considera cooperadores necesarios en un delito de fraude por la subvención concedida a IFES en 2011 y coautores de otros dos delitos de fraude por las subvenciones concedidas a UGT en 2011 y 2012. Por todo ello se les imponen multas que suman casi 586. 550 euros para cada uno.
El fallo considera probado que se desviaron fondos públicos que revertían en UGT y sociedades vinculadas
Las penas más altas son, sin embargo, para la exsecretaria de Administración de UGT Asturias y administradora de Infastur, Mónica Menéndez, condenada como cooperante necesaria a tres años y ocho meses de prisión por dos delitos de fraude de subvenciones por las concedidas al IFES en 2010 y 2011 y coautora de otros dos por las de UGT de 2011 y 2012. En su caso las multas alcanzan los 786.550 euros.
elcomercio
