La causa investiga si desde el Ministerio del Interior, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se puso en marcha una operación ilegal para sustraer documentación que pudiera comprometer al Partido Popular en plena investigación del caso Gürtel. La tesis de la Fiscalía es que aquella actuación no buscaba localizar fondos ocultos de Bárcenas, sino hacerse con información sensible que el extesorero pudiera conservar sobre la presunta financiación irregular del partido.
El juicio, que comenzó el pasado 6 de abril, ha sentado en el banquillo a antiguos altos cargos de Interior, mandos policiales, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al que fuera chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Durante la vista también han declarado como testigos dirigentes políticos como Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal.
Anticorrupción mantiene la petición de 15 años de cárcel para Fernández Díaz; para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; para Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía; y para Andrés Gómez Gordo, comisario que fue asesor de María Dolores de Cospedal.
El Ministerio Fiscal les atribuye delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad. Según su planteamiento, todos ellos participaron, en distintos niveles, en la creación o gestión de un grupo parapolicial que habría actuado al margen del control judicial para proteger intereses políticos vinculados al PP.
La pena más alta solicitada por la Fiscalía es para José Manuel Villarejo, para quien reclama 19 años de prisión. El comisario jubilado aparece en la causa como una de las piezas centrales del presunto operativo, que habría utilizado fondos reservados para captar al chófer de Bárcenas y obtener información desde el entorno más cercano del extesorero.
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