Medios de comunicación y cuentas de twitter reaccionarias llevan meses utilizando la historia lastimera de esta mujer propietaria para generar un discurso que criminaliza a los inquilinos y justifica la “mano dura” contra el proletariado.
Algunos apuntes:
Esta mujer se ha paseado por todos los platós de televisión que han tenido interés en darle audiencia: antena3, cuatro, telecinco… Además, blogueros, youtubers y twitteros de lo más fascista le han dado altavoz a esta historia lacrimógena.
Ninguno de ellos menciona, sin embargo, que tiene más de 4 propiedades, ni que trató de desahuciar ilegalmente a la familia de inquilinos. Sin orden judicial intentó cambiarles la cerradura y sacar todas sus cosas, pero el Sindicato lo impidió.
Etxejabeek sindikatuarekin antolatutako familia baten aurkako difamazio-kanpaina salatzen dugu.
Etxejabeen inpunitatearen eta komunikabideen konplizitatearen aurrean, antolatu eta borrokatu. pic.twitter.com/KwjKQWrvxH
— Kontseilu Sozialista Iruñerria (@Kontseilua_Iru) June 11, 2024
Nada sobre el desahucio ilegal y, sin embargo, llenan titulares con términos como “inquiocupa” u “ocupa” para referirse a una familia que tiene contrato y sigue viviendo allí porque se ha aplicado una moratoria. Es decir, aunque la única ilegalidad (según la legalidad burguesa) que se ha cometido en este caso es un intento de desahucio mediante coacciones, los medios reaccionarios no dudan en llamar “okupas” a los inquilinos.
Si un juez sentencia que mientras no haya alternativa el desahucio no puede ejecutarse, los inquilinos permanecen en la vivienda un proceso de proletarización que tiene responsables y benefactores muy concretos. Los discursos reaccionarios, que pretenden endurecer las medidas contra el proletariado y quitar toda garantía legal que aún persiste, tienen el objetivo de eludir la raíz del problema y garantizar que los grandes capitalistas sigan enriqueciéndose. Les es útil que a este programa reaccionario se sumen las clases medias en descomposición. Así, estas clases medias propietarias no se enfrentan a los responsables de su empobrecimiento (los grandes capitalistas), sino a quienes peor están. Aunque esta guerra fratricida les ofrezca un marco de comprensión extremadamente sencillo (frente a la inseguridad seguridad) no revertirá su proceso de empobrecimiento. Las propiedades se seguirán concentrando en manos de grandes propietarios, sus salarios seguirán bajando, cada vez tendrán menos acceso al crédito y por lo tanto, menos propiedades…en última instancia, las medidas que ahora defienden (endurecer las penas por ocupación, suspender la moratoria, libre mercado…) sólo sirven a los intereses de los grandes capitalistas.
Pero, volvamos al caso de Anabel. Lo que Anabel, como pequeña propietaria quería hacer, era prejubilarse dejando su empleo y viviendo de las rentas. Es decir, quería convertirse en una pequeña rentista a costa de que otros siguieran atados a la rueda del trabajo asalariado.
Esto, desde una perspectiva comunista, es ya éticamente dudoso, pero constituye una realidad muy extendida en la sociedad de propietarios en la que vivimos. Por lo tanto, ¿Qué se debería hacer en estos casos? En primer lugar, eliminar todo atisbo de ideología reaccionaria.
Entender que la solución a este problema no es culpabilizar al proletariado sino abogar por una vivienda universal, gratuita y de calidad. Si la vivienda estuviera garantizada universalmente, ¿qué necesidad tendríamos de defender el derecho de un rentista a percibir sus ingresos?
Si algo como la vivienda que implica la mayor parte del gasto de una familia, fuera gratuita, defender el derecho de un propietario a especular con las rentas supondría defender su derecho a apropiarse del trabajo ajeno, incluso cuando sus condiciones de vida están garantizadas.
Pero, ¿Y mientras tanto qué? ¿Mientras conseguimos una vivienda gratuita qué deben hacer estos pequeños propietarios? Primero, las diferencias aquí sí importan: no es lo mismo quién percibe unas rentas para garantizarse un nivel de vida aceptable que quién especula con ellas para mejorar su posición social y de clase. Si hablamos del primer caso, no serán enemigos de clase si: 1) entienden que la raíz del problema es el negocio capitalista y no el “problema securitario” 2) entienden que la solución vendrá de la mano de garantizar una vivienda gratuita para todos 3) entienden que en ese escenario, acabaríamos con el negocio de la vivienda, también el suyo 4) y por último, actúan en consecuencia a estos principios. Es decir, son aliados en el proceso y no elementos reaccionarios; tratan de llegar a acuerdos, se organizan junto a sus inquilinos afectados para tratar de dar solución a la miseria a costa de su enemigo común (los grandes capitalistas) y rechazan todo tipo de respuestas reaccionarias. No estoy hablando de cosas abstractas, sino de actuaciones muy concretas: si sus inquilinos no pueden pagar, en vez de llamar a la policía acuden al Sindicato; en vez de tratar de desahuciarlos ilegalmente tratan de llegar a acuerdos, en vez de poner el peso sobre quienes no pueden pagar presionan en conjunto al banco que les cobra la hipoteca o a las instituciones burguesas que no quieren dar ninguna alternativa; en vez de endeudar aún más a quien no puede pagar piden las compensaciones económicas al Estado… Esto es lo mínimo para que algunos pequeños propietarios sean un activo político en la lucha por la vivienda y no un enemigo de clase.
Su caracterización no depende sólo de su posición económica objetiva, sino de su construcción como sujeto político al servicio de un programa que tenga como mínimo común denominador el bienestar de quién peor está, los intereses del proletariado.
