Por primera vez, el ministro francés de Interior, Laurent Núñez, declaró públicamente que el reconocimiento facial está prohibido. “Esta técnica no es legal. Así que no hay razón para que lo apoye; por el contrario, lo denuncio”, dijo ante el Senado en abril.
Es mentira. El archivo TAJ de antecedentes penales de la policía francesa contiene 9 millones de fotos de personas y la policía recurre a él diariamente, como ha revelado una investigación de varios medios de comunicación, en la que los policías confiesan abiertamente que infringen la legalidad (*).
Entre 2019 y 2024 las multas policiales en Francia se han multiplicado por diez, según un informe del Tribunal de Cuentas publicado en marzo pasado. En los tribunales los policías no esconden que hacen reconocimientos faciales gracias al archivo TAJ, es decir, que las multas son nulas.
Tampoco es un secreto que los objetivos de la persecución policial son los emigrantes, por otro motivo sencillo de entender: no pueden quejarse, sobre todo si se encuentran en situaciones administrativas complicadas.
En Francia los controles policiales en los barrios populares constituyen otros tantos casos de acoso. Hay jóvenes que son controlados 20 veces al mes y en cada uno de ellos la policía toma fotos y las pasa por el TAJ para realizar el reconocimiento facial.
En un popular barrio de Marsella los periodistas reunieron a un grupo de jóvenes. “Ni siquiera contamos el número de veces que [la policía] nos toma una foto, sin siquiera pedirnos la identificación”, dijo uno de ellos. Y si “nos negamos, empiezan a golpearnos”, agregó otro.
El archivo TAJ también se utiliza contra los movimientos de protesta social y política. Pero no se trata sólo de identificar sino de acumular información sobre todo tipo de personas. Los delitos no existen; sólo son la excusa para crear ficheros de personas y ampliarlos constantemente aprovechando cualquier circunstancia, como las manifestaciones.

*La identidad la proporciona la inteligencia artificial
Los errores de identificación son clamorosos: una de cada tres identificaciones informáticas son erróneas. Por eso precisamente es necesario realizar muchas: para mejorar la capacidad de verificación de la inteligencia artificial. El problema es que cuando el TAJ se equivoca, convierte a un inocente en un sospechoso o, incluso peor, en un delincuente, quizá en busca y captura.
En uno de los controles, la policía detuvo el 13 de octubre de 2022 a una gitana en Normandía por robo. Los gendarmes creyeron que mentía sobre su identidad, le tomaron una foto e hicieron una búsqueda en el TAJ. El algoritmo devolvió otra identidad: la de una joven sobre la que pesaba una orden de expulsión.
A partir de la chapuza, el recorrido es un laberinto kafkiano. Primero condenan a la joven a seis meses de cárcel y luego la envían a un centro de internamiento, en el que permanece encerrada durante otros 30 días más, hasta que la deportan.
Es obvio que la identidad ya no la proporciona ni el propio interesado, ni el documento que porta, ni las huellas dactilares. Una persona es quien la inteligencia artificial dice que es, y no vale protestar, ni recurrir, ni denunciar ante los jueces, que inmediatamente dan el visto bueno a lo que proceda de una máquina porque ella sí que es inteligente.
Ahora mismo, nadie sabe dónde está aquella joven gitana condenada por robo y que fue deportada a algún país desconocido.

*El caso del ecologista equivocado
El 14 de mayo unos ecologistas realizaron una protesta en un puente para denunciar la circunvalación de una carretera. Bloquearon el tráfico, colgaron una pancarta aprovechando las fiestas de la Ascensión y dos de ellos se sujetaron en el vacío con una cuerda.
Llega la policía, detiene a dos de ellos, les saca fotos rutinariamente y busca su identidad en el archivo TAJ. La inteligencia artificial devuelve una identidad que no se corresponde con la de uno de los detenidos, con tan mala fortuna que la nueva identidad informática es la de un viejo conocido de la policía con algunos malos antecedentes.
El ecologista entra en la cárcel con una identidad errónea, igual que ocurría cuando la Inquisición ponía un capirote a los herejes y los paseaba por la calle montados en un burro.
En la cárcel el ecologista patalea durante dos días y tres noches, hasta que el error se aclara, es decir, ahora en Europa es posible ir a la cárcel por los errores de los demás.
El 6 de julio los ecologistas se sentaron en el banquillo de los acusados y la sala se llenó de estupor y vergüenza. El tribunal anuló todo el procedimiento porque los métodos de identificación eran ilegales.
¿Cuántos errores ha causado la aplicación informática de la empresa Cognitec, utilizado en investigaciones penales desde 2012? ¿Cuántas personas están mal registradas? El Ministerio de Interior se calla, como es natural.
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