El pasado 5 de septiembre la empresa Saudi Telecom notificó a la CNMV[1] (Comisión Nacional del Mercado de Valores) la compra directa del 4,9% de las acciones de la empresa española Telefónica más otro 5% si obtiene la autorización del Gobierno, convirtiéndose así en su mayor accionista por un total de 2.100 millones de euros.
Desde entonces tanto desde la izquierda como de la derecha política se ha manifestado cierto rechazo hacia la operación, apoyando que hay que “reforzar el control de nuestras empresas estratégicas”, según Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, declaraba que “preservar nuestra autonomía estratégica es esencial. España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles”. Lo cierto es que, desde su privatización, Telefónica no es ni una empresa estratégica para España ni “nuestra empresa”. Una empresa totalmente privada como Telefónica jamás puede considerarse como “nuestra”. Por su propia naturaleza, desde finales de los años 90, Telefónica únicamente opera en su propio interés y beneficio y en el de sus accionistas.
¿Y quiénes son sus accionistas más importantes? Pues nada más y nada menos que BBVA, Blackrock y Caixabank, los adalides del interés nacional. Todas estas entidades -como bien se sabe- son expertos en la especulación, y que, al igual que Saudi Telecom, solo buscarán maximizar su beneficio. Si se considera que la entrada de la empresa saudí en Telefónica puede interferir en la seguridad nacional, también se debería considerar -como mínimo- que un fondo de inversión como Blackrock lo puede hacer. La diferencia aquí es que esta empresa es de origen estadounidense y por tanto a nuestros amigos los yanquis no les hace falta controlar una parte de una empresa de telecomunicaciones para interferir en asuntos de seguridad nacional.
Además, estamos hablando de que, aun siendo el mayor accionista -si se llega a dar la compra-, Saudi Telecom no se convertiría en el accionista mayoritario, es decir, estaría lejos de alcanzar la mayoría de voto de cara a las decisiones estratégicas de la empresa, por lo que no podría ejercer un control sobre la sociedad.
Por otro lado, se ha puesto recientemente sobre la mesa la figura del “Escudo anti-OPA” (Oferta Pública de Adquisición) por el rol que da al Gobierno para autorizar esta adquisición. Esta figura tiene su origen en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, la cual limitaba determinados movimientos financieros como las inversiones desde el extranjero a la necesidad de obtener una autorización. Mediante la aprobación durante la pandemia del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, se estableció el denominado “Escudo anti-OPA” pudiendo vetar las inversiones extranjeras -Unión Europea incluida- que intenten adquirir el 10% o más de una empresa.
Estas disposiciones se han prorrogado hasta diciembre de 2024, pero lo interesante viene con la aprobación del Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, que limita aún más las inversiones que supongan un 5% o más del capital social, necesitando así una autorización, siempre y cuando se trate de “actividades directamente relacionadas con la defensa nacional”, como es el caso con Telefónica. Cabe destacar que no sería necesaria una autorización si STC se comprometiera “fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada”.
Si bien STC ha manifestado no querer tomar el control de Telefónica, los rumores parecen indicar que sí querrá ejercer sus derechos de voto, así como formar parte del Consejo de Administración, lo cual provocaría que el Gobierno tuviera que autorizar la compra del 5% restante de las acciones hasta alcanzar ese 9,9%, con un plazo de hasta 3 meses.
STC, y a su vez el gobierno saudí, busca tener su parte del pastel, como con el resto de los negocios en los que participa. Tienen mucha liquidez encima y han encontrado una inversión barata -si se compara al resto de telecos de la Unión Europea- donde maximizar su rentabilidad. Además, Telefónica suele premiar bastante a los accionistas vía dividendos, lo cual hace más jugosa su inversión. Si a eso le sumamos el hecho de que un puesto en el Consejo de Administración podría asegurarles -en el mejor de los casos- 6.128.082 de euros como los cobrados por Pallete en 2022[2], puede ser un negocio redondo para especular.
La privatización de Telefónica, acompañado de otros múltiples procesos privatizadores durante la década de los 90 bajo los gobiernos de Felipe González y Aznar, supusieron la salida de muchos negocios rentables que equilibraban la balanza fiscal. Tener este tipo de sociedades bajo el control público las podría convertir en verdaderamente estratégicas, proveyendo de un servicio esencial a la población y sin que la óptica de su dirección esté dirigida a maximizar beneficios, recortar gastos o precarizar sus empleos. El hecho de que en la actualidad sus accionistas sean españoles, norteamericanos o saudís, es irrelevante en tanto que estos sean privados, ya que el capital no tiene patria.
[1] https://www.cnmv.es/WebServices/VerDocumento/Ver?t=%7Be1268724-99a3-4234-99e8-a1817cd741a0%7D
[2] https://www.telefonica.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera/informe-anual/