Sin duda que un reto de envergadura para el movimiento obrero es llevar al centro de su propia reconstrucción la integración del proletariado inmigrante. Esto supone mucho más de meramente acogerlos por “caridad”, o incluso de darle papeles, frente al discurso antiinmigrante de las diferentes ramas de la extrema derecha.
Toca ir poniendo el énfasis en la realidad económica que explica el gran aumento de la inmigración en España, entre otras cosas, para saber su posible evolución más allá del debate politiquero en torno a ella. A partir de ahí, es preciso analizar sus consecuencias en la transformación de envergadura en la masa salarial en España y en cómo se asume socialmente; particularmente, entre los trabajadores de aquí, que es lo que, en un primer momento, debe importar para cualquier tarea militante.
Ciertamente, el fenómeno de la inmigración proletaria (porque así habría que identificarla, por ser la más sustancial cuantitativamente) no es solo de España. Únicamente sucede que aquí llega bastante más tardíamente con respecto a los países centrales del capitalismo y, además, se inserta en una formación económica bien diferente. No es lo mismo la inmigración que conoció Holanda, Alemania, Suiza, Francia, que la que se viene dando aquí.
Una de las características de la formación económica española es que intervienen en ella actividades de baja productividad y de bajo nivel de valor añadido con respecto a las economías centrales (hostelería, agricultura, construcción, cuidados, etc.). Ello hace que exista una fuerte tendencia empresarial a poner el acento en una amplia base de mano de obra con salarios bajos, incluso que se dé una utilización de trabajadores en la ilegalidad o carentes de los derechos más básicos. Insértese esa tendencia en un contexto de bajada demográfica de la población autóctona y con una herencia de mucho paro (lo cual va a ser materia de división entre distintas procedencias en el seno de los asalariados).
Si ya fue así antes de la crisis de 2007 –crisis que, por lo demás, afectó al conjunto de países industrializados–, aún hoy se hace más evidente que la economía española necesita mucha mano de obra barata y moldeable que compense la baja productividad con mucha producción a bajo coste. La patronal requiere una gran masa de trabajadores con menos derechos reales, además, en un contexto de desmontaje del ya limitado “estado de bienestar” que había. En realidad, el empresariado patriótico de aquí se puede poner muchas banderitas rojigualdas, pero lo que aspira es a una enorme transformación en la estructura de origen de la masa asalariada, de la clase obrera. Y cuando decimos moldeable, también decimos de “quita y pon” ante acontecimientos geoestratégicos que puedan afectar en lo inmediato a determinados sectores económicos como, por ejemplo, los derivados del turismo.
En definitiva, buscan transformar a la población asalariada. Según cifras oficiales, la población extranjera representa una quinta parte del total. Pero el porcentaje de inmigrantes en la clase obrera superaría claramente esa quinta parte. Y ello, sin tener en cuenta a la que está en la ilegalidad dispuesta a alimentar el trabajo “en negro”: se habla de que representa más del millón y medio (la última regularización fue de 500.000). Esa transformación al interior de la clase obrera pretende que esta actúe lo menos colectivamente posible; lo que implica, no solo que disminuya su fuerza de intervención contra el capital, sino que esté infectada por las divisiones internas. Por ello, el binomio de un gobierno que fomente la inmigración con una extrema derecha que lo vilipendie, y sirva para dividir a la clase y a la población, es una bendición para el empresariado español:
Ante esta problemática, resulta todo un desviacionismo de nuestra tarea principal pedirnos que defendamos al Gobierno ante la xenofobia de las diversas corrientes de la extrema derecha y que no le exijamos más. No podemos asistir pasivos a que se nos quiera hacer comulgar con el “esquinamiento” (consentido por el propio gobierno, supuestamente “humanitario”) de una población inmigrante que el sistema ha obligado a venir aquí, que está constantemente en tensión para ser admitida, y que políticamente no tiene papel ninguno mientras hace crecer el PIB del país que la esquina. Cifras oficiales hablan de que los trabajadores inmigrantes participan tres veces más que los autóctonos en el crecimiento del PIB.
Menos aún tenemos que admitir que haya una población inmigrante ilegal todavía más moldeable. O que haya una masa, sobre todo de mujeres, que trabaja en las casas con sueldos “en negro” (al albur de lo que decidan las familias que las acogen con el único requisito del empadronamiento). El porcentaje de inmigrantes en el servicio doméstico y en el de cuidados llegaría supuestamente al 40%, pero sabemos que es superior. Ello facilita que buena parte del asalariado autóctono no presione, ni a la patronal ni al Gobierno, para que suba el salario y haya una red de apoyo a las familias trabajadoras, tanto por el lado infantil como por el del cuidado de mayores. Y que, por el contrario, tengamos que aguantar la estupidez de que los servicios públicos están en crisis por la presión inmigrante mientras el gran empresariado hace su agosto de los beneficios producidos en gran parte por esos mismos “parásitos inmigrantes”.
Desde hace tiempo, tendríamos que haberle dado la vuelta a todo esto de manera prioritaria, haciendo de la llegada de la inmigración proletaria una oportunidad de proyección revolucionaria, por más dificultades que se nos presenten. Unas dificultades que sabemos que se nos darán incluso en el propio trabajo entre los que llegan, donde las tácticas de acercamiento serán, en buena medida, diferentes de las que se emplean con los autóctonos.
Debemos partir de una contextualización histórica de la inmigración que llega al capitalismo central, sobre todo en tiempos de crisis sistémica que ha terminado por golpear en su propio corazón. Vivimos desde hace tiempo el gran tercer periodo de la explotación colonial. Tras el colonialismo propio al advenimiento y extensión mundial del capitalismo, llegó el neocolonialismo, donde los países centrales del campo imperialista se adaptaron a la independencia formal, meramente política, de las excolonias; entre otras cosas, boicoteando que llegara la verdadera independencia (golpes de Estado, sanciones, deuda externa, apoyo calculado a grupos armados opositores, etc.). Cuando se dificulta la misma explotación “a distancia”, y cuando se desmontan los Estados de bienestar que permitían mantener incluso una población asalariada “aristocratizada”, entonces, progresivamente se ven obligados a traer el tercer mundo al primero; eso sí, sin que se mezclen demasiado, como corresponde a la misma esencia colonial e imperial de siempre. Es el tiempo de la intracolonización.
El fenómeno de la inmigración en España se da en este tercer gran periodo mundial que afecta a los países del campo imperialista. Y, además, como decíamos antes, siendo el nuestro un país de segundo nivel en ese campo de países desarrollados, lo que hace que esa masa colonial que se “importa” sea aún más precarizada y susceptible de ser desechada por la actividad económica donde se inserta.
No somos idealistas. Sabemos de las dificultades de todo tipo para integrar desde una línea revolucionaria a esa inmigración proletaria. Aun así, estamos ante una cuestión de principios. Hay algo más importante que la clase obrera española: la clase obrera (venga de donde venga) en España. Por tanto, no hay posibilidad de desarrollar un proyecto revolucionario en nuestro marco estatal limitándonos a “ser solidarios” con los que vienen, partiendo solo de los “derechos humanos” o manteniéndonos a la defensiva en “bajo nivel de exigencia” frente a la xenofobia que fundamentalmente explicita el patrioterismo cínico y falso de las derechas extremas.
Incluso hay que ir más allá de poner a los inmigrantes en el centro de la recomposición de la clase obrera. Por pertenecer a lo más extremadamente precarizado de esa clase (que es mundial por definición), han de asumir puestos de vanguardia en la lucha contra el odioso capital. Tras ser expulsados de sus países, ¿acaso es descabellado que tomen puestos de mando para expulsar al capital de nuestras vidas todas, nativas o extranjeras?
Por más compleja que ciertamente sea la tarea, hemos de verla como un proceso donde se planteen pasos a dar tanto en el terreno de la legalidad como en el terreno político del día a día. Partiendo de que la llegada de la inmigración proletaria (y no solo en España) es una oportunidad de proyección revolucionaria, lo primero que debe exigirse es la sindicalización de toda la mano de obra inmigrante. Incluso en este aspecto, no es una condición sine qua non en qué sindicato. Es preferible un inmigrante en un sindicato oficialista que un inmigrante sin sindicar. Ya vendría después que se trabaje con él la línea sindical alternativa que desde estas mismas páginas venimos defendiendo. Al tiempo, se debe ir trabajando para que esa masa inmigrante tenga todos los derechos políticos como la población autóctona. Si el inmigrante interviene –como atestiguan las mismas cifras oficiales y la prensa económica– en la creación de riqueza de forma notable, en realidad merecen más los derechos políticos, incluso los electorales, que toda esa sarta de parásitos que integran la patronal, las finanzas y sus voceros de la politiquería que no paran de verter entre la población intoxicaciones mediáticas y calumnias contra nuestros hermanos de clase.
Con esa visión el horizonte, hay que hacer un trabajo de integración real en las empresas. Y en los barrios, que es donde mejor se puede contrarrestar la presión de división dentro de la misma clase y neutralizar la labor infame que realizan las extremas derechas en nombre de ese patriotismo cínico y demagógico.
Hace tiempo se decía que las revoluciones solo se podrían dar en el tercer mundo. En realidad, siempre fue un reparto de tareas entre las metrópolis y la periferia. Pues bien, cada vez más las tenemos fundidas o solapadas. Ni caso a los ladridos de los colonialistas de toda ralea: nosotros, a lo nuestro.
