A raíz de estos hechos, la Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente.
Tanto el SUP como UFP han coincidido en señalar que una actuación policial no se puede analizar «a partir de unos segundos de vídeo aislados de su contexto».
«La apertura de un expediente disciplinario no supone una sanción ni implica que exista una responsabilidad acreditada. Precisamente, estos procedimientos existen para esclarecer los hechos, analizar todas las pruebas disponibles y determinar si la actuación se ajustó o no a los protocolos y a los principios de actuación policial», indica el SUP en un comunicado.
Asimismo, el SUP ha lamentado las lesiones que ha sufrido la docente, a la par que ha pedido que se respete la presunción de inocencia del agente «y que se eviten juicios paralelos basados exclusivamente en imágenes parciales».
Por su parte, la UFP ha subrayado que la Policía «no necesita campañas de señalamiento ni condenas mediáticas anticipadas», en un comunicado en su cuenta de X.
Además, UFP rechaza «los intentos de presentar cualquier uso legitimo de la fuerza como una agresión gratuita o una conducta violenta desvinculada de la función policial», ya que el cuerpo «no está para contemplar pasivamente los incumplimientos de la ley cuando estos afectan a la seguridad, la convivencia o los derechos de terceros».
