La privatización y la explotación proveniente del extranjero son temas de preocupación en muchas comunidades hondureñas. Recientemente, la presidenta Xiomara Castro y el Congreso de Honduras derogaron una ley que establecía las “Zonas de Desarrollo Económico y Empleo”, otorgando a las empresas privadas una autonomía funcional y administrativa del Gobierno nacional.
Sin embargo, esta derogación ha provocado una demanda judicial por parte de la empresa Próspera, con sede en Delaware. Próspera está impugnando la derogación de la ley bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos y busca una compensación de casi once mil millones de dólares, una cifra que representa casi dos tercios del presupuesto hondureño para 2022.
El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos ha otorgado a los inversores ciertos “derechos extremos” que tienen un impacto directo en la soberanía de Honduras. Estos derechos permiten a las empresas extranjeras demandar a los gobiernos por acciones que consideren perjudiciales para sus intereses comerciales.
En el caso de la empresa Próspera, la derogación de la ley de “Zonas de Desarrollo Económico y Empleo” es percibido por ellos como una violación de sus derechos y ha llevado a la presentación de una demanda millonaria.
Melinda St. Louis, directora del Observatorio de Comercio Global de la organización Public Citizen, ha expresado su preocupación por la situación en Honduras. Según St. Louis, este tipo de tratados comerciales internacionales conceden a las empresas extranjeras un poder excesivo y, a menudo, se oponen directamente a la soberanía de los países afectados. Remarca que es fundamental encontrar un equilibrio entre los intereses comerciales y la protección de los derechos y la soberanía de las naciones.
Amy Godman
