El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha sido detenido hoy, martes, por la Policía en el Aeropuerto Internacional de Manila. Según han confirmado las autoridades del país asiático, la orden de detención había sido cursada por el Tribunal Penal Internacional (TPI), en relación con un caso de crímenes contra la humanidad.
El Palacio de Malacañang ha confirmado a través de un comunicado que Duterte ha llegado esta mañana, sobre las 9.20 horas (hora local), a Manila procedente de Hong Kong, después de que Interpol recibiera la copia oficial de la orden de arresto.
En el comunicado se expresa que “el expresidente y su comitiva gozan de buena salud y han sido examinados por médicos del Gobierno, quienes aseguran que se encuentran en buenas condiciones. Actualmente está bajo custodia de las autoridades”.
Posteriormente, la portavoz de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP, según sus siglas en inglés), Francel Margareth Padilla, ha destacado que las AFP están preparadas para “reforzar los esfuerzos para mantener la seguridad nacional y la estabilidad siempre que sea necesario” y ha destacado que “se ciñen a la cadena de mando”.
En este contexto, el subdirector para Asia de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), Bryony Lau, ha indicado que el arresto de Duterte “es un paso clave para la rendición de cuentas en Filipinas”, según un comunicado publicado por la ONG a través de la red social X.
“Duterte hace frente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con miles de ejecuciones extrajudiciales durante su ‘guerra contra las drogas’ entre 2011 y 2019. Su arresto podría acercar a la justicia a las víctimas y sus familias y envía el claro mensaje de que nadie está por encima de la ley”, ha dicho, antes de pedir al Gobierno que le entregue “rápidamente” al TPI.
Duterte llegó al cargo de presidente en 2016 tras una campaña en la que hizo precisamente de esa “lucha contra las drogas” su bandera. Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias.
La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la “guerra contra las drogas” de Duterte. El propio expresidente retiró unilateralmente a Filipinas del TPI en 2019 en respuesta a las críticas de La Haya.
