No hubo ninguna alternativa de vivienda el uno de julio, a las nueve y media de la mañana, para el señor Adolfo, su hija y su nieta. Caixabank hacía días tenía decidido quedarse con la casa y se la quedó, así de simple. Con el beneplácito de la policía nacional, de la policía municipal, del Ayuntamiento de Madrid. Con el beneplácito de la estructura entera de la sociedad que no sé si habitamos o nos habita. La razón para dejar a una familia, a un ser humano, a todos cuanto habiten una casa en la calle es siempre la ambición, pequeña o grande, no importa su tamaño para quien se ve despojado de un derecho fundamental, por parte del poseedor de un recurso fundamental.
Desde las siete de la mañana, incluso antes, hubo gente congregada en la calle del inmueble intentando frenar el desahucio, tiempo en el que las vecinas fuimos acudiendo al escuchar las consignas que, si resbalaron de los oídos de los agentes del orden antes de llegar a sus comprimidos cerebros, por los cascos, de ningún modo podían resbalar sobre las cabezas de las habitantes de Vallecas.
Allí, en la concentración, nos juntamos colectivos, vecinas junto a oportunistas representantes vecinales de alguna institución vendida a la Caixa, como las asociaciones de vecinos de Madrid; os sorprende leer esto, ¿verdad? Otro día os lo argumento. Seguro que no os sorprende si os comento la presencia de caras conocidas en el barrio en representación de la izquierda socialdemócrata, esa que hace todo lo posible por impedir a la gente realizar acciones en la calle.
La noticia de la irrevocabilidad del desahucio, dada en el sitio, no acababa de tener sentido, pero, aunque aturdidos, la sabíamos cierta en este mundo tan de mierda. Yo me encontraba entre los que marchamos juntos por la carretera convocando a vecinas y vecinos a no dejar impunes a los verdugos de una familia que mañana puede ser la de cualquiera de nosotros. Los compañeros apostados en el portal corrieron peor suerte.
Los chulos del dinero no reaccionaron suficientemente rápido para impedirnos entrar en su establecimiento. El objetivo de entrar todas en la Caixa no era otro sino negociar el realojo de Adolfo y su familia.
No se encontraban dispuestos a negociar. Esperamos una resolución favorable alrededor de una hora sin poder salir del local. Los trabajadores de la sucursal no se solidarizaron con los trabajadores reunidos en el negocio de sus patronos, perdón, empleadores, pidiendo justicia por el atropello cometido contra una familia de trabajadores. La policía impedía a los usuarios entrar dentro, a los manifestantes salir fuera. En ningún momento fuimos las vecinas allí reunidas quienes impedimos la entrada de usuarios ni el normal despacho de servicios por parte de los empleados del banco. No ocupamos, por tanto, el local. Nuestra permanencia dentro fue la de ciudadanos en demanda del derecho elemental de la justicia.
La policía no dejaba salir a ninguno de los pacíficos manifestantes sin pedirles la documentación. Cuando por fin fue innegable la inhumanidad de La Caixa, nos dispusimos a regresar a nuestras vidas, chocando con lo imposible; la policía se negaba a dejarnos salir sin identificarnos a todos. Nos daban la posibilidad, nos comunicaron remarcando su civilizada amabilidad, de salir entregando la documentación o de cargar contra nosotras. La elección era nuestra, nos aseguraban en un alarde público de pensamiento liberal.
El caso es que identificarse en una situación como esa conlleva riesgo de multa y ellos lo saben como saben que no es legal utilizar dichas identificaciones para ofrecerle culpables al banco si denuncia. En caso de ser multados, ¿de qué se nos acusaría? En caso de ser juzgadas, ¿a propósito de qué se nos juzgaría?
Dieron otras opciones, demasiado absurdas para recordarlas. Más que un cuerpo de seguridad en cumplimiento de servicio parecía un grupo de delincuentes amenazando y extorsionando con el cinismo del depredador que intenta hacer reconocer a la víctima la sensatez y equidad irrefutables de sus propuestas. No cedimos. Su objetivo consistía en dividirnos entre los que iban a ser mejor tratados, es decir, perdonados, y los que no. Siempre puede haber quien en su fuero interno se sienta más débil o piense que sus problemas son mayores que los de los demás y acepte las condiciones de los matones para salir de la situación. No cedimos. O todas o ninguna.
Dudo mucho sobre la legalidad ante un mismo hecho de condenar a unos y eximir a otros. O todos o ninguno. No aceptamos divisiones entre nosotras creadas por el enemigo.
Finalmente, nos sacaron a la fuerza, uno por uno, con dos policías a cada lado cogiéndonos de los brazos. Los llevábamos en alto porque nosotros sí somos gente del pueblo, pacífica. Tan del pueblo, tan pacífica, tan susceptibles de ser expulsadas de nuestras viviendas sin consecuencias penales en ese estado de derecho recién reconociendo su inexistencia cuando hace mucho tiempo que dejó de existir. Una vez fuera, otro policía nacional nos pedía la identificación y apuntaba nuestros datos en una libreta. Nuestra portavoz fue apuntada con un asterisco. ¿Aceptamos como legal ese señalar quién debe ser castigado con prioridad con una señal sin significado concreto capaz de aportar pruebas de algún hecho delictivo? ¿Aceptamos la arbitrariedad de la amenaza y el miedo dentro de las prácticas legales de un cuerpo de seguridad del Estado? ¿Quién le atribuye esa competencia a la policía nacional, Caixabank?
Los Derechos Humanos lo son por su naturaleza intrínseca al ser humano. El derecho a la vivienda digna es uno de ellos. El derecho a una identificación no coercitiva, a una detención justa y no propia de la Inquisición, son también intrínsecos a la forma en la que los representantes de cualquier Estado deben de tratar a un ser humano.
Una forma más justa de cumplir el derecho universal a la vivienda es priorizar el derecho de uso sobre el de propiedad. Necesidad sobre rentabilidad.
La forma más justa de todas es la expropiación de la propiedad privada en beneficio de los desposeídos de todo recurso vital en beneficio de ella.
