PV Hardware (PVH), empresa española especializada en soluciones tecnológicas para plantas solares fotovoltaicas, ha comunicado este viernes a los representantes de los trabajadores de su centro de producción de Cheste (Valencia) su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE) que afectaría a dicho centro de trabajo. La propuesta ha sido trasladada al Comité de Empresa este viernes, abriendo así un periodo de diálogo, negociación y con el «compromiso» de «alcanzar acuerdos que permitan una transición ordenada», según ha informado la empresa en un comunicado.
El juzgado de Primera Instancia número 2 de Lugo y Mercantil autorizó este viernes el expediente de regulación de empleo (Ere) extintivo de Pescados Rubén. Los 44 empleados afectados percibirán una indemnización de 23 días por año trabajado hasta un máximo de una anualidad, son tres días más de lo mínimo establecido por ley, que fue el acuerdo alcanzado por la administración concursal y la parte social. La sociedad mariñana entró a principios de febrero en concurso de acreedores con liquidación al acumular un pasivo de 26 millones de euros, la mayoría contraídos con entidades financieras.
«Teníamos la palabra del IMAS de que iban a subrogar nuestro equipo, que no habría despidos, y ahora hemos quedado en segundo plano», son las palabras de Cristina Martí, coordinadora de la asociación altruista Es Refugi, la cual hablo como portavoz de los 17 empleados del centro de Ca l’Ardiaca de Palma, la totalidad de su plantilla, que serán despedidos con motivo de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Todas las etapas de la enseñanza madrileña, desde Infantil a la Universidad, irán a una huelga este lunes, 28 de abril, a la que están llamados alumnos, docentes y personal de administración y servicios, ante el «avance del proceso de desmantelamiento» de la educación pública y los «ataques del Gobierno de Díaz Ayuso». Bajo el lema ‘Salvemos la educación pública’, esta huelga general educativa, que no se convocaba en la región desde 2013, pretende ser «histórica». Los sindicatos convocantes son CGT, CNT, STEM y Solidaridad Obrera. CC.OO y UGT no consideran que haya razones para la huelga.
La quinta reunión de mediación entre PortAventura y los sindicatos CCOO y UGT ha finalizado sin acuerdo, manteniendo la convocatoria de huelga para los días 1 y 2 de mayo. Los sindicatos denuncian que la empresa no atiende sus demandas, especialmente en lo que se refiere a un nuevo convenio colectivo que garantice condiciones laborales dignas y permita captar personal cualificado. Aunque han planteado propuestas constructivas y se han aceptado algunos puntos, la falta de compromiso inmediato de la empresa ha impedido llegar a un pacto.
La plantilla de Lanalden, la centralita subcontratada de atención telefónica de la Policía Municipal de Bilbao, ha convocado una huelga del 27 al 30 de abril en demanda de mejores condiciones laborales y denunciar su “discriminación” respecto al personal municipal.
Trabajadoras de residencias privadas de mayores y del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) han recorrido en la mañana de este sábado las calles de Compostela en una manifestación convocada por la CIG-Servizos para exigir un convenio colectivo que «dignifique sus condiciones laborales y garantice una atención de calidad a las personas dependientes».
El conflicto laboral en AkzoNobel, la multinacional de pinturas con sede en los Países Bajos, vive un momento decisivo. La plantilla de la planta del Prat de Llobregat, antigua Titanlux, ha lanzado un ultimátum a la empresa: si no se revierte la decisión de despedir a cuatro trabajadores y no se ofrecen garantías de estabilidad laboral para el conjunto del personal, las movilizaciones se intensificarán a partir del próximo 29 de abril, fecha en la que está prevista la reanudación de la huelga.
Esta advertencia se produce tras una primera tanda de paros iniciados el pasado 15 de abril, en los que los empleados denunciaron no solo los despidos, sino también lo que consideran una reestructuración encubierta que amenaza los puestos de trabajo a nivel estatal. Aunque la respuesta a la huelga fue desigual en otras plantas, en El Prat la participación fue total, evidenciando el malestar de la plantilla ante una situación que consideran injusta y peligrosa.
Según los representantes sindicales de co.bas, los despidos en El Prat se inscriben dentro de un plan más amplio de reestructuración global que AkzoNobel ya ha puesto en marcha en otras plantas, como en Francia, y que recientemente supuso el despido de más de 200 trabajadores. En España, ya se ha cerrado la planta de Vigo, especializada en pinturas para madera, dejando a unas 40 personas sin empleo.
La plantilla señala que este proceso responde a una lógica puramente especulativa: reducir costes, eliminar puestos de trabajo y aumentar los beneficios de la empresa en bolsa, priorizando los dividendos por encima de la producción o el bienestar laboral. Una estrategia que, denuncian, se ampara en políticas fiscales ventajosas gracias a la ubicación de la sede en Países Bajos, considerado un paraíso tributario por sus exenciones.
Los trabajadores han hecho llegar a la dirección de la empresa una plataforma de demandas clara: la readmisión inmediata de las personas despedidas, el fin de la política de recortes laborales y garantías de empleo para toda la plantilla. En respuesta, la huelga prevista para el 29 de abril ha quedado momentáneamente en suspenso, a la espera de una contestación oficial por parte de la compañía.
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La empresa Producciones Agrícolas Vélez y Gómez SL, responsable del despido de la trabajadora marroquí Amaia, que “no fue convocada para trabajar en la campaña actual a pesar de tener en vigor una autorización de residencia y trabajo hasta el 31 de diciembre de 2027, así como un contrato fijo discontinuo con la empresa”, vuelve a situarse en el foco tras confirmarse que también despidió, de forma igualmente irregular, a varias de las compañeras que la apoyaron tras el incidente que hizo saltar su caso a la opinión pública en 2024.
Según ha podido verificar La Mar de Onuba, al menos ocho de esas trabajadoras —todas con la documentación en regla y contratos registrados— fueron dadas de baja mediante despido objetivo (código 30) ante la Seguridad Social, sin haber recibido notificación formal alguna por parte de la empresa ni explicación sobre la causa de la extinción de la relación laboral. Como sucede en el caso de Amaia, las afectadas no han descubierto su situación hasta que no han sido llamadas para participar en la campaña actual, lo que supone su exclusión automática del programa Gecco.
Este patrón sistemático de expulsiones encubiertas no solo priva a las trabajadoras de su empleo, sino que las aparta del circuito migratorio regular, bloqueando su incorporación a futuras campañas por no haber sido propuestas por la misma empresa, requisito indispensable para regresar a través del sistema Gecco. La utilización del código 30 —habitualmente asociado a causas económicas, técnicas u organizativas— no responde, en estos casos, a ninguna causa justificada. Al contrario: afecta exclusivamente a trabajadoras concretas, identificables, y todas con un elemento en común documentado por esta revista: su respaldo público o privado a Amaia.
La maniobra, lejos de responder a criterios laborales, dibuja un esquema de represalias ejecutado con apariencia de legalidad administrativa, utilizando un instrumento oficial de gestión de despidos para ejercer control y castigo sobre quienes se atreven a hablar o solidarizarse con quienes lo hacen. El resultado, en la práctica, es la expulsión selectiva de mujeres migrantes del único canal legal que les permite trabajar en Huelva.
La gravedad de esta situación aumenta si se considera que la empresa ya había sido objeto de atención pública tras la publicación en abril de 2024 del artículo Amaia bajo la lluvia, en el que se informaba de cómo la temporera había sufrido un despido arbitrario, sin explicaciones, y “sin que hubiera mediado parte de baja ni documento de despido”. Tras la publicación en La Mar de Onuba, la empresa, que inicialmente había confirmado el despido, reculó y sostuvo que todo había sido un «malentenido». y hasta llegó a sancionar al manijero que le informó de su no-despido. Así lo ratificó entonces la Subdelegación del Gobierno en Huelva.
Si embargo, Producciones Vélez y Gómez tramitó el despido de Amaia por «causas objetivas» el 27 de mayo del año pasado, coincidiendo con el fin de la temporada de frutos rojos y el regreso a Marruecos de las temporeras marroquíes. Nadie le comunicó esa decisión, de la que sólo fue consciente hace unos días, cuando se supo que Vélez y Gómez había consignado la extinción laboral bajo el código 30, lo que ha permitido que la trabajadora quede fuera de la actual campaña 24/25 sin necesidad de explicación formal.
La empresa tampoco ha sido ajena a nuevas denuncias en la actual campaña, algunas de ellas recogidas por esta revista en marzo de este mismo año, en un artículo que documenta “denegaciones de asistencia sanitaria” y exclusiones en los llamamientos del programa Gecco, protagonizadas nuevamente por Producciones Agrícolas Vélez y Gómez S.L.. En dicha publicación se recogen testimonios de trabajadoras afectadas, así como la falta de respuesta ante intentos de reclamar su reingreso en la campaña.
La gestión y supervisión del programa Gecco en Huelva corresponde a la Subdelegación del Gobierno, a quien corresponde vigilar que las contrataciones se realicen conforme a la legalidad vigente y sin discriminación. Sin embargo, no consta que se hayan adoptado medidas ante la reiteración de estas prácticas, ni que se haya iniciado procedimiento alguno de verificación tras conocerse que trabajadoras con contratos en vigor y autorizaciones de residencia activas han sido despedidas mediante procedimientos irregulares y sin comunicación fehaciente.
Los hechos documentados evidencian un patrón, no una anomalía puntual. Y ese patrón revela cómo algunas empresas operan con total impunidad, utilizando mecanismos legales como el código 30 para ejecutar despidos sin causa real ni control institucional. Empresas que ya han sido señaladas públicamente por prácticas irregulares repiten el mismo modus operandi, sin que ello suponga sanción, advertencia o consecuencia alguna.
Amaia no fue un caso aislado. El uso reiterado del despido objetivo sin justificación y sin notificación formal —y el silencio institucional que lo rodea— lo confirman.
