Lo que comenzó siendo una investigación sobre cohecho en el contexto de la compra de uniformes para la Policía Nacional, ha acabado derivando en una macro trama de corrupción que en la Guardia Civil abarca veinte años de manipulación de contratos de suministros y más de un centenar de expedientes alterados que suman 180 millones de euros. Es la cantidad que maneja el Instituto Armado, cuyo Servicio de Asuntos Internos, que lleva cuatro años investigando este asunto para el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, ha destapado una «mala praxis» de mercadeo con sus propios uniformes por la que seis miembros de la Guardia Civil y hasta 26 empresas están imputadas.
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