El presidente de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, y la diputada del partido Rocío de Meer visitaron el barrio del Raval el 2 de septiembre de 2020. No lo hicieron en un contexto cualquiera. Días antes, Meer había catalogado este barrio del corazón de Barcelona de “hemero multicultural”. Cuando un grupo de decenas de vecinos les vieron por sus calles, les hicieron saber que no eran bienvenidos boicoteando su ruta y haciendo un escarnio contra ellos. Tiempo después se conocieron las consecuencias de esa protesta. Vox había denunciado a ocho vecinos de entre todos los presentes y pedía seis años de cárcel y una multa de 7.200 euros por cada uno. La Fiscalía, por su parte, pedía 36.000 euros o penas de prisión también por cada uno.
Esta semana, concretamente, estaba previsto que se celebrara el juicio, pero acabó suspendiéndose. Esto sólo hace que alargar la incertidumbre con la que viven estos vecinos desde que supieron que están denunciados. “Quizás pasemos un año más esperando a que se celebre el juicio, cuando está claro que estar encausado no es de buen gusto. Nosotros lo queremos sacar de encima lo antes posible”, señala González, de la CUP.
