El Salvador ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un financiamiento de 1.400 millones de dólares a través de un Acuerdo de Servicio Ampliado (EFF, por sus siglas en inglés) con una duración de 40 meses. Sin embargo, este respaldo financiero, como de costumbre, no llega sin condiciones: el país deberá implementar una serie de reformas fiscales, financieras y de gobernanza que responden a las exigencias neoliberales del organismo internacional.
Entre las medidas más destacadas, el gobierno de Nayib Bukele se ha comprometido a realizar un ajuste fiscal del 3,5% del PIB en los próximos tres años, reduciendo el gasto en salarios públicos, racionalizando las transferencias y mejorando la transparencia en las finanzas públicas. Además, se prevé una reforma al sistema de pensiones y un aumento de la regulación bancaria para cumplir con estándares internacionales.
Pero uno de los puntos más llamativos del acuerdo es la limitación del uso de Bitcoin en la economía salvadoreña. Aunque el país fue el primero en el mundo en adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal en 2021, como parte del acuerdo, el gobierno ha eliminado la obligación de aceptar Bitcoin en transacciones comerciales, ha prohibido su uso para el pago de impuestos y ha restringido la participación del sector público en actividades relacionadas con esta criptodivisa. Además, se ha comprometido a no adquirir más Bitcoin con fondos públicos durante la vigencia del programa.
La solicitud desesperada de financiamiento al FMI representa un giro en la política económica de El Salvador, que durante los últimos años ha buscado posicionarse como un referente en el uso de criptomonedas. La necesidad de acceder a liquidez internacional y su frágil situación financiera han obligado a desechar el criptosueño de Bukele.
