Este 1 de enero ha entrado en vigor un controvertido convenio para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración regional de la Comunidad de Madrid, suscrito por los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CSIT. Este acuerdo, ya publicado en el Boletín Oficial de Madrid, incluye una cláusula que penaliza económicamente a los trabajadores que participen en huelgas, manifestaciones u otras formas de protesta colectiva. Según el texto, estas movilizaciones podrían suponer la suspensión del complemento salarial por carrera profesional horizontal, una medida que ha sido calificada de “ilegal” hasta por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya ha solicitado su impugnación por vulnerar derechos fundamentales.
El convenio ha generado una fuerte reacción en sectores laborales y políticos, que acusan a los sindicatos firmantes de priorizar intereses económicos sobre la defensa de los derechos de los trabajadores. Según datos oficiales, estas organizaciones firmantes reciben importantes subvenciones públicas, incluyendo el coste de 469 liberados sindicales financiados por la Comunidad de Madrid. Críticos señalan que las sanciones económicas recaerán exclusivamente sobre los empleados que ejerzan su derecho a la protesta, mientras los sindicatos firmantes no enfrentarán consecuencias directas, incluso en caso de incumplir el acuerdo.
La Consejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, en defensa del convenio, afirmó que este beneficiará a más de 40.000 empleados públicos al mejorar sus condiciones salariales. Sin embargo, esta declaración ha sido cuestionada por quienes consideran que el artículo 10 del acuerdo contradice principios básicos de libertad sindical y negociación colectiva. La polémica sobre este convenio podría abrir otro nuevo frente de debate sobre el papel de los sindicatos mayoritarios en el actual panorama laboral español y su capacidad para representar los intereses de los trabajadores.
