La acusación se centra en una operación de cerca de 500.000 euros vinculada a la compra de participaciones de la sociedad Masterman por parte de la esposa de un alto directivo de Quirón Prevención (una de las empresas que lucran con la sanidad privada), lo que podría encajar en un posible delito de administración desleal y corrupción en los negocios.
Esta nueva línea de investigación trata de determinar si la estructura societaria empleada por González Amador —concretamente a través de Maxwell Cremona S.L. y la cesión parcial de su contrato con Quirón Prevención S.L. a Masterman— pudo utilizarse para encubrir ingresos y, en consecuencia, constituir delitos adicionales a los fiscales que ya se investigan en la causa principal.
